- Feijóo debería tomarse tiempo, esperar a las elecciones generales confiando en renovar el Constitucional con mayoría. Y eso si las previsiones electorales persisten y Correos e Indra están a la altura y no hay pucherazo, que es mucho suponer
Cándido Conde-Pumpido es un jurista ilustre; su biografía es notable. En el País Vasco, en años difíciles, nunca flaqueó. Su actividad nacional e internacional y su obra publicada son relevantes. Fue magistrado del Tribunal Supremo, fiscal general del Estado durante la presidencia de Zapatero, y desde 2017 magistrado del Tribunal Constitucional; ya con Sánchez llegó a presidirlo en 2023. Eran conocidas sus opiniones políticas, pero su partidismo nunca había cantado tanto.
Este recordatorio biográfico viene a cuento; acaso por ingenuidad no llego a entender que con tal historial y a su ya provecta edad, no se plantee lo que supone dilapidar su brillante trayectoria sirviendo ciegamente, así lo creemos no pocos, al Puto Amo (Puente dixit) con sentencias sobre asuntos que grandes juristas, tanto o más que él, consideran inconstitucionales, apoyadas siempre por sus afines desde esa división entre progresistas y conservadores, asumida también en la Justicia, que a los ciudadanos nos avergüenza. Muchos de sus compañeros tampoco lo entienden. Las incorporaciones de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia con Sánchez, y Laura Díez, alto cargo en Presidencia, reafirmaron al Constitucional como un órgano ideológicamente sumiso.
Mi ilustre parienta Emilia Pardo Bazán, escribió: «No existía más que la dignidad ultrajada, la libertad perdida, la dilapidación entronizada, y las voces de ultratumba de nuestros mayores nos pedían estrecha cuenta de nuestro silencio, de nuestra conducta, de nuestra debilidad, de sus sufrimientos ante el escarnio y la befa». Para Pardo Bazán la ultratumba era «el segundo reino». Una nueva oportunidad. Conde-Pumpido no ignora que un día le pedirán esa «estrecha cuenta de nuestro silencio, de nuestra conducta, de nuestra debilidad, de sus sufrimientos ante el escarnio y la befa». Ha convertido, de hecho, el Constitucional en tribunal de casación, dejando al Supremo en una especie de lugar de paso, resolviéndole así al gran jefe problemas políticos –su resistencia– con nombres y apellidos, siempre de un mismo lado del tablero. La separación de poderes hecha añicos y una reputación notable en el lodazal.
Conde-Pumpido ha pedido al Senado que ponga en marcha la renovación de los magistrados que le corresponden. El plazo finaliza en diciembre y afecta a cuatro magistrados, dos conservadores y dos progresistas, incluido el propio Conde-Pumpido. Por la mayoría exigida (tres quintos) el PP, con mayoría absoluta en el Senado, no llega a los 159 escaños necesarios para la renovación, por lo que tendría que pactar con el PSOE. El momento no es precisamente oportuno; un acuerdo supondría una palmadita en la espalda de Sánchez. Con elecciones cercanas en algunas comunidades y al fondo las generales, los votantes no lo entenderían.
Sin acuerdo, el mandato de los actuales magistrados se prolongaría y también la presidencia de Conde-Pumpido. En el PP ven el pacto más que difícil, imposible. Acaso por ello Feijóo ha elegido como negociadora a Gamarra que el zorro Bolaños se merendaría como se merendó en una negociación anterior a González Pons, que declaró que se habían hecho amigos. Bolaños no aceptará, obviamente, lo que le pedirá el PP: excluir «perfiles políticos». ¿Para qué le serviría a Sánchez su más valioso juguete? Aunque Conde-Pumpido haya cumplido con él al avalarla a todas luces inconstitucional Ley de Amnistía, queda pendiente el recurso de Puigdemont, que habrá de resolverse antes de la hipotética salida del complaciente Conde-Pumpido. El prófugo quiere volver a España cuanto antes y el Constitucional puede darle ese gusto. Y de nuevo el Supremo ninguneado.
En 2010 (Zapatero en el Gobierno y Rajoy en la oposición) el Senado presentó a sus candidatos con un retraso de tres años. Feijóo debería tomarse tiempo, esperar a las elecciones generales confiando en renovar el Constitucional con mayoría. Y eso si las previsiones electorales persisten y Correos e Indra están a la altura y no hay pucherazo, que es mucho suponer. Pensemos en Venezuela. Con un cambio en Moncloa habría un presidente del Constitucional no ideológico y se cumpliría la norma habitual de elegir vicepresidente a un magistrado del grupo minoritario. Conde-Pumpido incumplió. Dio la vicepresidencia a Inmaculada Montalbán, progresista, luego ponente de la amnistía. Siempre las trampas.
Conde-Pumpido permanecerá en la ultratumba, el «segundo reino» de la Pardo Bazán. No confío en que cambie ni su fondo ni sus formas. Obviará la nueva oportunidad. No salvará su maltrecha dignidad.