Editorial-El Español

La declaración conjunta sobre Ucrania, firmada este sábado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, establece principios fundamentales que determinarán el futuro de la seguridad europea.

El documento, conocido pocos días antes del encuentro entre Trump y Putin en Alaska, subraya que «el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania» y que cualquier solución diplomática debe «proteger los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa».

Los firmantes comprometen su «sustancial apoyo militar y financiero» a Kiev, el mantenimiento de las sanciones contra Rusia y la imposición de nuevas medidas punitivas. Crucialmente, el comunicado establece que «la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones», rechazando implícitamente cualquier cesión territorial ucraniana.

La notoria ausencia de España de este documento estratégico no es casual, sino sintomática del aislamiento diplomático al que el gobierno de Sánchez ha conducido al país. Mientras las principales potencias europeas coordinan la respuesta occidental ante la reunión Trump-Putin, España queda relegada a un papel de espectador irrelevante.

La exclusión de España de las decisiones estratégicas sobre Ucrania no es un episodio aislado, sino la confirmación de un patrón devastador: el gobierno de Pedro Sánchez ha conducido al país hacia la irrelevancia diplomática y un desprestigio internacional sin precedentes en nuestra democracia.

La doble marginación en las reuniones sobre el futuro de la guerra ucraniana (ausente tanto de la cumbre de seguridad Estados Unidos-Europa como del documento conjunto firmado por Von der Leyen y cinco países de la UE) evidencia que España ha perdido su condición de interlocutor fiable para nuestros aliados tradicionales.

Esta marginalización es consecuencia directa de las decisiones erróneas de Sánchez. El acercamiento estratégico a China, materializado en el polémico contrato con Huawei para gestionar escuchas judiciales, ha generado alarma en Washington. Estados Unidos ha calificado esta decisión como «jugar con fuego» y congresistas estadounidenses han solicitado formalmente a Trump que revise los acuerdos de intercambio de inteligencia con España.

La crisis de credibilidad se extiende a la OTAN, donde Sánchez ha protagonizado un episodio bochornoso. Su negativa frontal al objetivo del 5% del PIB en defensa no solo le valió el calificativo de «problema» por parte de Trump, sino que su posterior afirmación de haber conseguido una «excepción española» fue desmentida públicamente por el secretario general Mark Rutte. «No hay cláusulas de exclusión», zanjó categóricamente Rutte, dejando a Sánchez como un «mentiroso sin fronteras», en palabras del PP.

España aparece así como un socio poco fiable que incumple sus compromisos y miente sobre acuerdos inexistentes.

En el ámbito europeo, las reprimendas se han multiplicado. Bruselas ha recortado 1.100 millones de euros de los fondos NextGeneration por incumplimientos del gobierno español, al tiempo que ha reprochado «el alto riesgo de corrupción» y la falta de una estrategia anticorrupción.

La Comisión Europea ha cuestionado también duramente la ley de amnistía, calificándola de «autoamnistía» incompatible con los valores comunitarios.

Los escándalos de corrupción que sacuden al PSOE (desde el ‘caso Koldo’ hasta la prisión de Santos Cerdán, pasando por la investigación a Begoña Gómez) han completado el desprestigio internacional. Medios como Financial TimesThe Times y The Guardian han retratado a Sánchez como un líder «erosionado por la corrupción», en lo que el alemán Der Spiegel calificó de «penoso espectáculo» convertido en «telenovela».

El Banco Mundial ha documentado también objetivamente el deterioro institucional español, con España registrando la mayor caída en Estado de derecho entre las democracias avanzadas. Los datos son irrefutables: de un indicador de 1,41 en 2000 a 0,82 en 2023.

Esta pérdida de prestigio tendrá consecuencias duraderas. La confianza internacional se construye en décadas, pero se destruye en años. España ha pasado de ser un socio respetado y fiable a ser percibida como un país problemático, mentiroso y alineado con dictaduras.

La exclusión de España de las decisiones sobre Ucrania, que el Gobierno ha intentado paliar anunciando de forma extemporánea una futura reunión de menor importancia de Pedro Sánchez con Keir Starmer, es sólo el último síntoma de una marginación que se agravará cuanto más tiempo permanezca el presidente en la Moncloa.

Recuperar la credibilidad internacional requerirá una generación. España necesitará demostrar con hechos (no con palabras) que vuelve a ser un aliado fiable, que respeta el Estado de derecho, que lucha contra la corrupción y que se alinea inequívocamente con las democracias occidentales.

Hasta entonces, nuestro país seguirá siendo considerado un socio de segunda clase, excluido de ese club de las democracias liberales occidentales al que España debe pertenecer.