Este domingo 17 de agosto, tras una semana de graves incendios que han devastado más de 150.000 hectáreas en España, Pedro Sánchez reapareció en Orense para proponer un gran pacto de Estado contra los efectos del cambio climático.
Ese «gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación de la emergencia climática» es razonable. Cuanta mayor envergadura adquiere el cambio climático, más necesario, por no decir imprescindible, es canalizar inversiones y políticas de continuidad destinadas a luchar contra el problema.
Esas políticas de continuidad, como es evidente, deben ser pactadas con el principal partido de la oposición, dado que es este el que, muy probablemente, deberá aplicarlas desde la Moncloa cuando el gobierno cambie de manos.
Pero ese gran acuerdo que pide Sánchez esconde una realidad incómoda. La de que es imposible articular un pacto de Estado serio cuando se carece de la herramienta básica para ejecutar cualquier política pública, los Presupuestos Generales del Estado.
La propuesta de Sánchez puede acabar convertida así en una cortina de humo para desviar la atención de su principal fracaso: la incapacidad para aprobar unas cuentas públicas por segundo año consecutivo.
Mientras habla de grandes acuerdos nacionales, su Gobierno opera desde 2023 con presupuestos prorrogados, una situación que el propio Sánchez calificó en 2018 como propia de un «gobierno que no puede hacer nada» y «tan útil como un coche sin gasolina».
Sus palabras, pronunciadas cuando exigía elecciones a Mariano Rajoy por idénticos motivos, se han convertido en una sentencia contra su propia gestión.
La relación entre la falta de Presupuestos y la crisis de incendios no es casual, es causal.
El propio Ministerio de Transición Ecológica reconoció en diciembre de 2024 que «un factor importante que impide contratar un mayor número de medios es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2025».
El resultado: España contrató 42 aeronaves para 2025, cinco menos que en ejercicios anteriores, precisamente cuando más las necesitaba.
Pero el problema trasciende la coyuntura. La inversión pública en prevención de incendios se ha desplomado un 51% entre 2009 y 2022, pasando de 364,1 millones de euros a 175,8 millones.
Durante el mandato de Sánchez, la caída ha sido especialmente pronunciada: de 225,2 millones en 2018 a 115,8 millones en 2025, una reducción del 48%.
Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad recibió 525 millones de euros en los últimos presupuestos, más del triple de lo destinado a prevención de incendios. El contraste entre ambas cantidades evidencia dónde están las prioridades del Gobierno de Sánchez: no en la gestión de la realidad, sino en la de la propaganda.
Los resultados hablan por sí solos. En 2018, con 225 millones de presupuesto de prevención, ardieron 12.433 hectáreas. En 2025, con 48% menos de presupuesto, han ardido más de 157.000 hectáreas hasta agosto. Doce veces más superficie devastada con la mitad de recursos.
La oposición señala la inconsistencia
Las reacciones de la oposición han puesto el foco en esta contradicción fundamental. Alberto Núñez Feijóo, que inicialmente adoptó un tono colaborativo tras los anuncios de Sánchez, señaló que el presidente había reconocido «cinco errores propios», pero que llegaba «tarde» y «una semana después».
Isabel Díaz Ayuso fue más contundente, acusando al Gobierno de actuar siempre «paralizado» y de dejar que «los problemas maceren, y después busca culpables».
La crisis de incendios no es un episodio aislado, sino la manifestación más reciente de un patrón de gestión catastrófica que tiene antecedentes claros. La DANA de Valencia, que causó más de 216 muertos, evidenció idénticos fallos de coordinación, tardanza en las alertas y ausencia de liderazgo político.
El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que dejó sin luz a más de cincuenta millones de personas durante más de diez horas, reveló otro episodio de gestión opaca y explicaciones insuficientes.
El patrón se repite: crisis, respuesta tardía, explicaciones insatisfactorias y búsqueda de culpables externos.
Por no mencionar la resistencia del Gobierno a declarar la emergencia nacional, algo que replica lo ocurrido durante la Dana. Si los incendios que hoy asolan España o las lluvias torrenciales de la Dana, que en ambos casos afectaron y están afectando a más de una comunidad autónoma, no son una emergencia nacional, ¿entonces qué debe ocurrir en España para que el Gobierno declare ese estado y asuma las riendas de la respuesta a la catástrofe?
Una legislatura agotada
Estos episodios de negligencia no son casuales. Son el resultado directo de la precariedad de un Gobierno que, según reconocen sus propios socios, gestiona una «legislatura muerta».
La incapacidad para aprobar Presupuestos es síntoma de una debilidad parlamentaria que trasciende la mera aritmética. En dos años de legislatura, Sánchez ha sufrido numerosas derrotas en el Congreso, ha faltado a una de cada tres sesiones de control parlamentario y ha reducido drásticamente la producción legislativa: apenas 37 leyes aprobadas, un número inferior al de legislaturas anteriores.
Esta parálisis institucional tiene consecuencias directas en la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias como los incendios.
La responsabilidad democrática
Un presidente que lleva dos años sin aprobar Presupuestos no sólo está obligado políticamente a convocar elecciones generales. También está poniendo en riesgo la capacidad de respuesta del Estado ante catástrofes naturales y emergencias.
La coherencia democrática exige aplicar a uno mismo los criterios que se aplicaron a otros. Si en 2018 la ausencia de Presupuestos justificaba exigir elecciones, según el propio Sánchez, en 2025, con una crisis de incendios, una legislatura «muerta» según sus propios socios y dos años de parálisis presupuestaria, la conclusión debería ser la misma.
El pacto de Estado que propone Sánchez, suponiendo que esa fuera la respuesta correcta frente a los incendios, requeriría de un Gobierno con autoridad parlamentaria, capacidad de liderazgo y, sobre todo, Presupuestos para ejecutar las medidas acordadas. Tres elementos de los que carece el actual Ejecutivo.