La participación de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en la manifestación de Vigo este jueves 21 de agosto contra el gobierno gallego del PP plantea serias dudas sobre los límites del ejercicio institucional y la neutralidad que debe mantener un miembro del Ejecutivo central, especialmente en momentos de crisis como los incendios que han devastado más de 70.000 hectáreas en Galicia.
Lisa y llanamente, el lugar de una vicepresidenta no está detrás de una pancarta, y mucho menos si esa pancarta ataca a una administración del Estado que ella vicepreside.
Resulta, en fin, totalmente anómalo que una vicepresidenta del Gobierno de España se manifieste activamente contra el gobierno de una comunidad autónoma, más aun cuando esta administración está luchando contra una catástrofe natural que ha costado vidas humanas.
El principio de neutralidad institucional exige que los altos cargos del Estado mantengan, como mínimo, una apariencia de imparcialidad en sus relaciones con las administraciones autonómicas, independientemente del color político que las gobierne.
Esta exigencia no es meramente formal: garantiza la confianza ciudadana en las instituciones y evita la instrumentalización partidista del poder ejecutivo.
La decisión de Díaz de «interrumpir sus vacaciones» exclusivamente para participar en una protesta política, como ha señalado el presidente gallego Alfonso Rueda, revela una preocupante politización del cargo institucional.
Si la crisis de los incendios requería la atención de la vicepresidenta, esta debería haberse canalizado a través de los mecanismos institucionales de colaboración entre administraciones, no mediante manifestaciones callejeras.
Pero más grave aún resulta la instrumentalización que Díaz hace de esta tragedia para sus batallas ideológicas.
Sus declaraciones criticando la presunta privatización de los servicios de extinción evidencian una preocupación más centrada en el modelo de gestión que en la eficacia real de los operativos.
Los datos desmienten sus afirmaciones. Aunque Galicia mantiene algunos parques comarcales bajo gestión privada, la realidad es que aproximadamente el 70-75% de los bomberos ya trabajan bajo gestión pública tras el proceso de reversión iniciado en provincias como A Coruña.
La situación en Extremadura es muy similar a la de Galicia. En esa comunidad, la inmensa mayoría de los servicios de extinción de incendios, cerca del 95%, son de titularidad pública.
En Castilla y León, también criticada por Yolanda Díaz, sólo un 40% de los bomberos trabajan para empresas privadas.
La obsesión ideológica por la gestión pública ignora una realidad fundamental: lo importante no es que los bomberos sean públicos o privados, sino que sean eficaces apagando fuegos. Además, la evidencia internacional demuestra que la colaboración público-privada puede generar sinergias beneficiosas, combinando la especialización y agilidad del sector privado con los recursos del sector público.
Como reconocen los propios expertos del sector, «la colaboración entre bomberos privados y equipos públicos es esencial para la gestión efectiva de emergencias». El régimen de libre competencia puede incentivar la innovación tecnológica, la especialización profesional y la eficiencia operativa de formas que el monopolio público difícilmente puede igualar.
El tiempo que Díaz dedica a manifestarse contra gobiernos autonómicos es tiempo que no dedica a ejercer sus competencias reales como ministra de Trabajo. En lugar de aprovechar una tragedia para atacar ideológicamente al sector privado, la vicepresidenta debería centrarse en garantizar que todos los recursos disponibles, públicos y privados, se coordinen eficazmente.
La crisis de los incendios, por encima de todo, requiere pragmatismo, no sectarismo. Requiere que las administraciones colaboren por encima de las diferencias partidistas. Que no se enreden en batallas políticas mientras el monte arde.
Requiere, en definitiva, que los responsables públicos antepongan el interés general a sus agendas electorales.
La participación de Yolanda Díaz en la manifestación de Vigo representa todo lo contrario: el triunfo del activismo sobre la institucionalidad, de la ideología sobre la eficacia, del partidismo sobre el interés general. Una deriva que, lejos de solucionar los problemas reales de los ciudadanos, no hace sino erosionar la confianza en nuestras instituciones democráticas.