Dado que al Gobierno le ha resultado incómodo el artículo «¿Por qué la UME no ha pedido ayuda al Ejército?» en el que opinaba que no desplegar mayores medios de las Fuerzas Armadas en la extinción de los incendios fue una decisión política, aquí va una segunda entrega. Los socialistas intentan sostener que Margarita Robles no tiene la última palabra sobre los medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en sus intervenciones, no se sostiene dado que fue ella quien, nada más aterrizar en el ministerio, le quitó el mando de esta unidad al jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad). El debate se zanja rápidamente parafraseando aquello de Pedro Sánchez sobre la Fiscalía: ¿de quién depende la UME?… Pues eso. Pero las consecuencias operativas negativas de ese cambio, que ya vimos en la dana y de nuevo ahora en los incendios, obligan a analizar a fondo un desgaje que comenzó en 2018 con el Real Decreto 1399/2018 y culminó en 2019 con la Orden DEF/160/2019.

Desde ese momento, el mando de la UME es político, la ministra de Defensa, y no operativo, el Jemad. Es decir, las órdenes que debe obedecer el jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos, son las de Robles y no las del jefe de la cúpula militar, el almirante general Teodoro López Calderón. Dicho de otro modo, si Robles dice al jefe de la UME «no podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio; están y han estado desde el día 2 de agosto», como defendió en una entrevista a Cadena Ser el lunes, podemos sospechar que esa frase es, en la práctica, equivalente a una orden para el teniente general Francisco Javier Marcos. En las Fuerzas Armadas, la dependencia orgánica es la dependencia más fuerte y la ministra es su mando, es de quién depende, es a quién informa de las novedades, es quién impone el criterio.