Joan Baldoví ha sido rotundo en su entrevista para EL ESPAÑOL: «Sánchez podrá presentar Presupuestos, pero todos sabemos que no los habrá. No le van a dar los números».
El portavoz de Compromís ha verbalizado lo que la aritmética parlamentaria hace evidente: Pedro Sánchez se encuentra atrapado en la trampa de sus propias promesas.
Las promesas ‘presupuestarias’ de Sánchez chocan así frontalmente con una realidad matemática insalvable, pero también con una estrategia política que cada vez resulta más transparente.
El presidente anunció en julio que presentaría «rotundamente» los Presupuestos de 2026. María Jesús Montero, por su parte, garantizó su tramitación para septiembre.
Sin embargo, la realidad parlamentaria es implacable. Junts exige 50.000 millones de inversiones pendientes y el reconocimiento del catalán en la UE. ERC condiciona su apoyo a una financiación singular catalana que no podrá materializarse hasta 2028. Y Podemos mantiene condiciones «inasumibles»: salida de la OTAN, ruptura con Israel y anulación del gasto militar comprometido.
La contradicción es flagrante. En febrero, Sánchez proclamó su intención de «gobernar con o sin el concurso del Legislativo», generando el malestar de sus propios socios, que interpretaron estas palabras como «tics autoritarios» y «desprecio al Parlamento».
Posteriormente, intentó relativizar la obligación constitucional de presentar Presupuestos asegurando al periodista de EL ESPAÑOL Fernando Garea que «la Constitución admite matices», una falsedad jurídica sin base en el artículo 134.3 de la Carta Magna.
Ahora, Sánchez promete presentar unos Presupuestos que sabe que tiene muy difícil aprobar.
¿Por qué?
La respuesta remite a 2019, cuando ya utilizó el rechazo presupuestario de los independentistas como justificación para convocar elecciones, presentándose como víctima de la «radicalización» del espectro político.
La estrategia se repite con idéntica mecánica: presentación formal de Presupuestos, rechazo previsible, culpabilización de los presuntos extremos (PP-Vox por un lado, Podemos y los nacionalistas por el otro), y autopresentación como representante del «centro político».
El problema es que un verdadero político de centro tendría apoyos naturales del centro, y no dependería sistemáticamente de independentistas y extrema izquierda para gobernar.
Las elecciones andaluzas se perfilan como el termómetro definitivo de esta estrategia. Juanma Moreno ha anunciado que adelantará los comicios si Sánchez anticipa las generales. Un fracaso presupuestario situaría por tanto las andaluzas entre febrero y abril de 2026, en plena crisis política nacional.
María Jesús Montero, candidata socialista, cargaría entonces con el doble estigma del cupo catalán y el fracaso de la negociación presupuestaria como ministra de Hacienda. Los sondeos ya vaticinan para el PSOE los peores resultados de su historia en Andalucía: entre 24 y 26 escaños frente a los 30 actuales.
El coste democrático de esta maniobra es devastador. Presentar Presupuestos sin intención real de aprobarlos constituye un fraude a la ciudadanía. Los españoles tienen derecho a que sus representantes actúen con honestidad, no a que utilicen los procedimientos parlamentarios como instrumentos de marketing electoral.
Como señaló Feijóo, «si presento Presupuestos y no me los aprueban, convoco elecciones». Sánchez ha invertido la lógica: presenta Presupuestos con escasas posibilidades de aprobarlos para utilizar así ese rechazo como coartada. Esta instrumentalización degrada la calidad democrática y confirma que su «moderación» no es ideológica, sino teatral: una representación destinada a ocultar que gobierna con y para los extremos.
El análisis de Baldoví, y de Podemos con él, resulta, por tanto, premonitorio. Sin Presupuestos habrá elecciones generales.