Pájaros con escopeta disparan contra el juez Peinado

Al despertar septiembre, el juez Juan Carlos Peinado, como el dinosaurio del microrrelato del guatemalteco Monterroso, todavía estará allí, y Pedro Sánchez lo sabe. De hecho, en agosto, recibió en el Palacio de la Mareta la notificación de la quinta imputación de su «consorte» -elevada a primera página del Financial Times de los «desayunos cuatro estaciones» monclovitas- por supuesta malversación. Ello obligará Begoña Gómez a comparecer este 11 de septiembre, un día después de su asistente Cristina Álvarez, tras respaldar en junio la Audiencia Provincial que Peinado esclarezca el quehacer de quien, a nómina del Estado, gestionaba los negocios particulares de la cónyuge de Sánchez.

Con su mujer y su hermano empapelados, sus exlugartenientes Ábalos y Cerdán encausados y su fiscal general rumbo al banquillo, si bien mancillando antes la solemne apertura del Año Judicial sentado al lado del Rey Felipe VI, todos los pájaros sanchistas tratan de abatir al juez Peinado y transformar el ‘Begoñagate’ en el caso Peinado. Como antes con Mariano Barbero o Mercedes Alaya, instructores de los sumarios Filesa, de financiación ilegal del PSOE mediante informes inexistentes a empresas extorsionadas, y ERE, la mayor estafa contra una administración pública por los presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para sostener con fondos reservados casi 40 años de hegemonía socialista en Andalucía.

Seguramente, el juez Peinado no será el mejor instructor del mundo, como tampoco Barbero y Alaya lo fueron, porque habrá otros que lo superen, si bien estos últimos suelen optar por cogérsela con papel de fumar. Pero, salvaguardando la presunción de inocencia consustancial al Estado de derecho que Sánchez menoscaba, aquí no se dirime la pericia de Peinado, sino su osadía por indagar la corrupción de un poder que busca ser impune. En esa cruzada, Sánchez persigue dispensarse una autoamnistía preventiva como la que le ha despachado al prófugo Carles Puigdemont para comprar los siete votos de los golpistas de Junts y adueñarse de lo que las urnas le vedaron.

Eso mismo fue lo que anheló Silvio Berlusconi con el escudo inmunitario de su ministro de Justicia, Angelino Alfano, y que echó por tierra el Tribunal Constitucional trasalpino en 2004. Para ‘Il Cavaliere’, la ley era igual para todos, pero no su aplicación, al no ser un primus inter pares en la Cámara, sino un primus supra pares al que, además, su agenda le impedía «desarrollar a la vez su trabajo y tutelar su derecho a defenderse». La Corte de Garantías vetó esta norma ad personam que, por contra, el tribunal que preside el sayón Conde-Pumpido avalaría en barbecho como todo desafuero sanchista hasta que se marche -al parecer al Consejo de Estado- cuando caduque su mandato.

A nadie escapa el verdadero leitmotiv del vicepresidente primero en la sombra de Sánchez y ministro de Justicia entre otros entorchados, el ‘Gato Félix’ Bolaños, para que el Consejo General del Poder Judicial abra diligencias por el interrogatorio al que le sometió Peinado en abril como testigo a cuenta de la contratación en 2018 de la asesora de Gómez cuando él era secretario general de Presidencia y que amplió al rechazar el Tribunal Supremo su inculpación por falso testimonio. Al margen de si la diligencia en marcha da pie a algún tipo de reproche por el órgano de gobierno de los jueces, la iniciativa tiene todas las trazas de aquella otra andanada del otrora presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, contra Alaya y los ERE. Ni corto ni perezoso, amenazó con expedientarla por demorar la instrucción cuando era la Junta la que la torpedeaba negando o reteniendo expedientes. Y lo hizo Moliner en rueda de prensa en Sevilla antes de sentarse a almorzar con Griñán en el antiguo Palacio de San Telmo de las conspiraciones del duque de Montpensier contra Isabel II.

Hasta alcanzar el final de la escalera, Alaya expió una biliosa campaña denigratoria de Alfonso Guerra, junto a otros conmilitones que la tacharon de «persona enferma» en una ofensiva que se extendió a su marido. A la par que estos «fiscales de la inocencia y verdugos de la virtud», según el clásico, se afanaban en herir su honra y abrasar su fama, la magistrada pechó con las tretas por recusarla y expulsarla de la carrera. Por fortuna, el Tribunal Supremo validó su cometido y salvó a Alaya en ese brete. A riesgo de ostracismo social, Alaya se enfrentó en clara inferioridad de medios a un enjambre de leguleyos costeados por el contribuyente y a la soledad incomoda ante quienes debieron protegerla, pero inevitable cuando se desnudan las vergüenzas del poder.

Si todo navegante entendió el aviso del presidente del CGPJ en el sentido de que debía dar carpetazo al mayúsculo fraude y dejar de meter la nariz en un asunto que comprometía al núcleo dirigente del régimen socialista andaluz, otro tanto con Peinado a fin de que –acorde con la expresión de Sánchez con el revoltoso Page– deje de tocarles los cojones al «puto amo» de La Moncloa. A este fin, recurre incluso a cloacas socialistas, donde la fontanera jefa, Leire García, a las órdenes de Santos Cerdán, hoy en presidio, elaboró su conveniente dossier contra el juez fraguado en el piso franco que alquiló en Madrid un favorito de la vicepresidenta Montero como es Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI e incriminado en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar como alto cargo de la Junta de Andalucía, luego recolocado en la constructora navarra de Santos Cerdán, Servinabar 2000. Asimismo, Sánchez artilla «la máquina del fango» de RTVE. Allí la exdirectora y su sucesor al frente del pasquín El Plural se llenan los bolsillos en pago por sus bulos contra Peinado. Nuevamente, Sánchez carece de aquello que presume.

Merced a morteradas de dinero público, «No verdad» Sánchez maneja la televisión, aquella que visitaba como jefe de la oposición con un lazo naranja en la solapa para denostar la manipulación del PP y solidarizarse con los «viernes negros», para modelar a la opinión pública y lograr, como se comentaba del magnate Berlusconi, que los españoles se parezcan a los canales sanchistas, mientras subvierte el Estado de Derecho y se dota de «extraterritorialidad legal» para obrar lo que le pete. Sin embargo, como aseveraba el popular cantante italiano Giorgio Gaber sobre Berlusconi y la degradación de su país, no hay que tener miedo de Sánchez en sí, sino de lo que hay de él en muchos españoles.

Por eso, siendo la historia rica en aventureros faltos de escrúpulo y deseosos de entronizar su poder personal sobre el Parlamento y el Poder Judicial, por encima de leyes y constituciones distribuyendo favores entre sus cortesanos, hay voces y servidores públicos capaces de mostrar su «no» honrándose asimismo y a quienes no son dignos de ello. Aunque se piense que no sirve de nada, sí que vale para poder decir un día que se entonó ese «no» contra una deriva que lo arrastra todo por el albañal, en línea con lo formulado en su momento en la Italia de Berlusconi por Umberto Eco y que reverbera el «Por mí que no quede» de Julián Marías. Tan actual, por lo demás, en esta España sanchista en la que los pájaros disparan sus escopetas bien municionadas con el Presupuesto público contra la independencia judicial y la crítica de la Prensa independiente.