Más allá de la estéril bronca entre el Partido Popular y el Gobierno por el descalzaperros de los incendios, las últimas catástrofes en España –pandemia, nevada, riada o fuegos forestales– ponen de manifiesto la necesidad de revisar un mapa de competencias que arroja importantes deficiencias de funcionamiento. Hay que replantear el modelo, que ha servido razonablemente bien pese a sus flagrantes excesos, para adecuarlo a los desafíos de un país moderno. Por supuesto que muchos de los problemas no habrían surgido de existir un adecuado espíritu de colaboración y de lealtad patriótica entre autoridades de distinto signo político, pero la buena fe no puede quedar al albur del voluntarismo: la coordinación institucional requiere un método de resolución de conflictos pautado con precisión en el ordenamiento jurídico. Y a estas alturas parece claro que el Estado autonómico tiene fallas procedimentales que exigen mayor clarificación en ese sentido.

El Título Octavo de la Constitución articula un sistema de federalismo imperfecto que empieza a quedar superado por la tensión centrífuga de los últimos veinticinco años. Va siendo hora de darle una vuelta, pero no regresiva como preconiza cierta derecha de rasgos nostálgicos, sino justo en sentido contrario, hacia una federación real que garantice la igualdad y la solidaridad entre territorios y ciudadanos y frene la ambición de unos nacionalismos acostumbrados a avanzar en su designio particularista a base de chantaje sistemático. Un reparto subsidiario de competencias, nítido y cerrado, donde las diferentes Administraciones conozcan sus respectivos márgenes sin la confusa discrecionalidad en cuyos pliegues se vienen balanceando. Esa reforma, perfectamente compatible con el régimen monárquico, se puede llevar a cabo sin procedimiento agravado, aunque demandaría un consenso parlamentario que en las condiciones actuales está descartado.

Sucede que ni el PP la contempla por prejuicios pusilánimes ni el PSOE, que se declara federalista en sus estatutos, se atreve a dar el paso adelante para no contrariar a sus socios vascos y catalanes. El sanchismo prefiere avanzar de forma subrepticia hacia una confederación de facto que supone una traición a la mayoría de sus votantes, sometidos por la continua presión nacionalista a agravios políticos y fiscales y condenados a recibir servicios de segunda clase. Es más fácil que el separatismo obtenga de Sánchez un referéndum de autodeterminación antes de que el resto de las comunidades reciba un trato ecuánime. En el fondo, unos y otros comparten el acuerdo tácito de que nada cambie; la derecha por conservadurismo, la izquierda por comodidad táctica y los soberanistas porque saben que se acabaría su coacción constante. Y qué iba a hacer este presidente sin ninguna abstracta ‘cogobernanza’ en que escudarse para eludir sus propias responsabilidades.