Pedro Sánchez afronta el nuevo curso político 2025-2026 en la situación más precaria desde su llegada a la Moncloa. Tras dos años de prórroga presupuestaria y con una aritmética parlamentaria que roza la imposibilidad, el presidente se encuentra atrapado entre las fisuras internas de su propio Gobierno y la hostilidad creciente de unos socios que ya no le garantizan su apoyo.
Las discrepancias entre PSOE y Sumar han trascendido el ámbito de las diferencias programáticas para convertirse en fracturas irreconciliables que evidencian la ausencia de un proyecto común.
El debate sobre OnlyFans y la prostitución ha puesto al descubierto contradicciones conceptuales insalvables: mientras Sánchez impulsa una agenda abolicionista que incluye el «proxenetismo digital», Sumar defiende posiciones regulacionistas, y considera las plataformas como espacios de autonomía personal para las «trabajadoras sexuales».
Esta incoherencia no es meramente ideológica, sino que revela la incapacidad del Ejecutivo para articular políticas coherentes en materias que afectan a derechos fundamentales.
Más grave aún resulta la división sobre Israel y Palestina, donde Sumar ha forzado al PSOE a adoptar posiciones que comprometen la tradicional política exterior española.
Las exigencias de Yolanda Díaz de romper relaciones diplomáticas con Israel, imponer sanciones económicas y aplicar embargos integrales, junto con la Ernest Urtasun, ministro de Cultura, de retirar a la embajadora en Jerusalén, chocan frontalmente con el multilateralismo que ha caracterizado la diplomacia española.
El resultado es una política exterior errática que satisface sólo a medias a ambos socios sin convencer a ninguno de sus respectivos electorados.
Esta ausencia de unidad gubernamental se agrava con el panorama parlamentario más sombrío desde 2023. Los números son explícitos. Con sólo 158 votos seguros frente a los 176 necesarios, Sánchez depende de socios que han puesto condiciones prácticamente inasumibles para su apoyo.
ERC exige una financiación singular para Cataluña que el propio PSOE ha rechazado históricamente, mientras Junts reclama transferencias millonarias y competencias que quiebran la soberanía nacional.
Más significativo resulta que Podemos haya declarado «finiquitada» la legislatura, acusando al presidente de estar «atrincherado por la corrupción».
En este contexto de debilidad extrema, la intención gubernamental de presentar conjuntamente el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado representa un golpe definitivo a su credibilidad económica.
Esta maniobra vulnera flagrantemente el procedimiento presupuestario establecido por ley, que exige la aprobación del techo antes del 1 de agosto como «pistoletazo de salida» para la elaboración presupuestaria. Hacienda suma ya un mes de retraso en el cumplimiento de esta obligación legal.
La presentación simultánea convertiría el techo de gasto en un mero trámite burocrático sin contenido sustantivo, invirtiendo la lógica fiscal: los gastos determinarían el techo en lugar de que el techo limite los gastos.
Este simulacro de ortodoxia presupuestaria enviaría así una señal inequívoca de improvisación a los mercados financieros y las instituciones europeas, comprometiendo la confianza en la gestión fiscal española.
La gravedad se multiplica cuando España debe remitir sus planes presupuestarios a Bruselas antes del 15 de octubre. Una presentación conjunta y tardía comprometería este plazo crucial, generando desconfianza adicional sobre la capacidad española de cumplir con sus compromisos europeos.
El PP, consciente de esta debilidad, ha preparado una «encerrona parlamentaria» para septiembre que puede forzar al presidente a comparecer sobre todos los casos de corrupción que acechan a su Gobierno.
El timing no podría ser peor. Justo cuando necesita seducir a sus socios para los presupuestos, Sánchez podría verse obligado a dar explicaciones sobre el caso Koldo y otros escándalos.
Sánchez se encuentra así en una encrucijada sin salidas evidentes. Su supervivencia política depende de navegar simultáneamente la división interna, la hostilidad parlamentaria y los casos judiciales sin que ninguno de estos le implique personalmente, algo que finiquitaría su gobierno por la vía más rápida posible.
Y ese equilibrio, después de dos años de improvisación, parece cada vez más imposible.