- El Gobierno acoge con cháchara buenísima a los que llegan en los cayucos para luego dejarlos totalmente abandonados a su suerte
España, el más singular de los países. La nación donde una presidenta autonómica cayó por haber robado años atrás en un súper una cremita de 20 euros. Pero donde se tolera que recién llegados a nuestro país, que ni siquiera están regularizados como españoles, se dediquen en las calles principales de las ciudades a la venta con toda la jeta de productos falsificados.
España ahora mismo carece a efectos prácticos de Gobierno. Ha degenerado en un instituto de propaganda y consejos a la ciudadanía. El figurín narcisista que lo preside bastante tiene con flotar en su barrizal de corrupción y lisonjear a los separatistas a los que debe el puesto. El Ejecutivo ha renunciado a controlar las fronteras, que se han convertido en un coladero para las mafias de seres humanos. El instituto de propaganda y consejos de ingeniería social se dedica a observar la riada y repetir hueros latiguillos buenistas. La palabra devolución es anatema. Sudan tinta para trasladar a la Península a los que llegan a Canarias, porque no dominan la maquinaria de la Administración, y son tan enormemente «progresistas» que toleran que los gobiernos separatistas xenófobos de Cataluña y el País Vasco se queden fuera del reparto.
Paseo hacia las doce de la mañana por el córner atlántico del norte de España. En la plazoleta de una pequeña playa veo a cinco chavales africanos. Son altos y corpulentos y visten ropa deportiva. Cuatro están repantigados en los bancos consultando sus teléfonos móviles. El quinto se está aseando en la ducha de la playa. Sigo caminando rumbo al centro de la ciudad. En una calle me cruzo con otros dos, que llevan a sus espaldas unos grandes fardos. Ahí portan las falsificaciones que dentro de un rato comenzarán a vender en la calle Real, la tradicional vía comercial de la ciudad, llena de comercios, muchos de ellos de autónomos y minoristas abrasados a impuestos. En las horas de más tránsito de peatones extenderán sobre el suelo su muestrario de bolsos, camisetas y otros bienes falsificados. Sucede todos los días. Así que es evidente que la Policía y las autoridades lo consienten.
El top-manta es un delito que en la práctica se tolera. Se hace la vista gorda porque las autoridades manejan un argumento que jamás pronunciarán en voz alta: es que si no hacen eso, ¿qué van a hacer?, podrían dedicarse a cosas peores… Los intereses económicos de los españoles quedan relegados ante una mafia que según los comerciantes nos cuesta 5.700 millones anuales y 44.000 empleos. Solo en la ciudad de Madrid provoca pérdidas de 160 millones al año a unos minoristas que viven bajo unas reglas agobiantes y en un infierno fiscal.
El Gobierno de la cursilería y las buenas palabras en la práctica no ofrece el más mínimo plan de vida a unos chavales que llegan aquí sin saber español, ajenos a nuestra cultura y la mayoría sin formación. Que se ocupe Cáritas (que lo hace), o que se hacinen en un piso patera y vivan del top-manta, o de pedir en la puerta de un supermercado.
Arde el monte porque nadie lo limpia. Pero que no se te ocurra proponer que vayan a limpiarlo y ocupen sus días trabajando legalmente por el bien común. Eso es hiper facha. Mejor que se dediquen a las falsificaciones, o al menudeo, que al parecer sí entran en el patrón de lo políticamente correcto. Solos y aislados, vagan por las calles de un sueño europeo que no existía, componiendo una estampa que te apena. Y siguen llegando en cada hora, mientras la piji-izquierda caviar que nos manda se encoge de hombros. O ni eso.