Sostiene la ministra Pilar Alegría que la ‘inmensa mayoría’ de los ciudadanos comparte la opinión del jefe del Gobierno sobre los jueces que investigan a su familia (a la del presidente, no a la de la portavoz). Salvo que Tezanos le haya soplado algún sondeo exprés, esto es lo que podríamos llamar la mayoría subjetiva, no respaldada por ningún dato o evidencia estadística. Su colega Albares también parece poseer el improbable don de la demoscopia infusa, dado que ayer aseveró sin cortarse que el encuentro entre Illa y Puigdemont cuenta con la opinión favorable «del 80 por ciento de los españoles y el 90 por ciento de los catalanes». Esa proporción vendría a constituir en la práctica un consenso unánime, superior incluso al que respaldó la Constitución en los ya lejanos tiempos de una democracia balbuceante. Quizás el aparato de Moncloa disponga de alguna herramienta de inteligencia artificial capaz de auscultar en tiempo real el parecer de la población, sin necesidad de preguntarle, sobre los asuntos políticos o judiciales. Si no la tiene puede ocurrir una de estas dos cosas: que el Ejecutivo se invente una representatividad ficticia, es decir, que mienta, o que cometa el mismo error que tantos usuarios de redes sociales inducidos por los algoritmos de afinidad a creer que todo el mundo comparte lo que ellos piensan. Se denomina sesgo de confirmación y es uno de los grandes problemas de la conversación pública moderna.

Cuando Sánchez dijo –gritó– aquello de «somos más» no se estaba inventando una mayoría social que el escrutinio electoral negaba a simple vista: la estaba fabricando mediante un cálculo que incluía el cambio diametral de criterio sobre la amnistía. Al igual que en 2016 convirtió en «resultado histórico» el mayor descalabro del PSOE, pensando en una coalición contra la derecha que entonces no existía pero que la moción de censura acabó por transformar en realidad objetiva, siete años después su automatismo mental dibujó una victoria con los votos de la izquierda y los nacionalistas. Esa alianza negativa se ha demostrado muy precaria aunque sigue funcionando mal que bien como mecanismo antialternancia. Las encuestas, ya incluso las del CIS, certifican un divorcio actual entre la mayoría sociológica y la parlamentaria, pero las mayorías demoscópicas son virtuales hasta que las urnas hablan, y para eso resulta menester celebrar unas elecciones que por ahora no van a ser convocadas precisamente para evitar que reflejen el cambio de un ‘statu quo’ cuya vigencia ha quedado desfasada en un acelerado proceso de pérdida de confianza. Para quien ocupa el poder siempre son mejores las mayorías imaginarias, fáciles de proclamar a través de la palabra sin someterlas a ninguna prueba de contraste democrática. Sobre todo después de haber descubierto que en España los políticos pueden mentir sin que suceda nada.