La indeseada presencia de Álvaro García Ortiz en la apertura del Año Judicial y los recientes ataques del Gobierno, representado en el acto por el ministro de Justicia Félix Bolaños, a los jueces y magistrados, monopolizaban las conversaciones de los asistentes, al término del evento presidido por el Rey Felipe VI, un Jefe del Estado entregado a la misión de cumplir con su deber constitucional de neutralidad y moderación, al margen del barro político que lo empaña casi todo.

Una vez relajado el protocolo y fuera ya del Salón de Plenos era difícil encontrar en los habituales corrillos el más mínimo ‘pero’ al discurso de la presidenta del Tribunal Supremo y titular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, tras su defensa cerrada e institucional de la labor de la Magistratura y la independencia judicial frente a los «indeseables» ataques del Ejecutivo. La intervención era ampliamente aplaudida, en un gesto de aprobación insólito en este tipo de actos solemnes.

Perelló reivindicaba «la independencia judicial» como una de las razones de ser del «propio Estado de Derecho» porque, en ausencia de la misma «ya no existe quien garantice que las leyes creadas por la voluntad popular se cumplan efectivamente y, de este modo, se frustra también la propia democracia». Era, veladamente, uno de los mensajes que a buen entendedor bastan, sentado García Ortiz a su lado, procesado por un delito de revelación de secretos. No era una «crítica», advertía momentos antes la presidenta del Supremo a quien no «corresponde esa función». No en vano, «cada cargo público», sea Pedro Sánchez, Félix Bolaños o el propio fiscal general, «es responsable de sus actos».

Y, en noviembre, de acuerdo con los mentideros del Palacio de las Salesas, sede del Supremo –habrá de quedar resuelto si la responsabilidad del titular del Ministerio Público es, en su caso, penal–. Lejos de las palmas impostadas y preparadas de los afines, para contrarrestar el éxito de la Presidencia del Alto Tribunal que lo va a enjuiciar en la Sala Segunda, García Ortiz volverá de nuevo a los pasillos donde ayer se reivindicaba «como fiscal general», con plena «confianza» en «la verdad».

Quizás por ello, en una suerte de alegato anticipado de la que será su defensa, y «plenamente consciente» de lo que está por llegar en su «situación procesal», al borde del juicio oral, Álvaro, el hombre, asomaba en unas palabras que chirriaron a no pocos de los presentes: «Debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse (…) como un dato discordante». «Más al contrario» –imploraba, también, frente a los magistrados que le van a juzgar– «significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía».