Recuerdo aquella semana en la que se me estropearon el frigo y la lavadora. Para mi desesperación, dijeron ‘basta’ a la vez, como esas parejas que, tras una vida juntas, se van de la mano. Cuando fui a la tienda, creyéndome protagonista de un suceso extraordinario, el dependiente sonrió y me dijo que es normal, que estas cosas suelen tener una vida útil similar y que, si se compraron juntos, tiene sentido que dejen de funcionar a la vez.

Tengo la sensación de que en España está pasando algo similar, como si todo formara parte de la obsolescencia programada: los trenes dejan de funcionar, sufrimos un apagón y el laberinto competencial se muestra inadecuado para resolver emergencias; la sanidad está saturada, la educación sufre por los continuos cambios de ley y la justicia agoniza atascada e inmersa en una crisis profunda. Pero eso no es lo peor: la realidad es que, le pese a quien le pese, la Constitución también empieza a dar síntomas de fatiga estructural. No es que se haya roto de un día para otro: es la obsolescencia programada de las instituciones, un día falla una pieza, otro se atasca un engranaje y no sabemos repararlos porque el manual de instrucciones está escrito para otro tiempo. Y nosotros, empeñados en mantener el frigorífico de nuestros padres, fingimos que enfría igual que en 1978, aunque por dentro huela a cable quemado. Entre los ataques de la izquierda, de los nacionalistas y de la extrema derecha ya resulta pueril afirmar que la Constitución cuenta con un apoyo social mayoritario. Y sin ese apoyo, es cuestión de tiempo que alguien venga con aires de ruptura y tamborcitos de revolución para seducir a los descontentos.

Pero la Constitución no necesita un funeral, sino un taller. Si queremos protegerla, toca reformarla. La derecha sensata es reformista, no inmovilista y debería atreverse a aceptar que hay que revisar el modelo territorial, clarificar el reparto competencial para evitar conflictos permanentes entre Estado y CC.AA. y explorar un modelo federalizante o, al menos, cooperativo, que combine unidad y autonomía y que garantice la igualdad; introducir un Senado verdaderamente territorial, cambiar el sistema de elección del CGPJ para que los jueces elijan a la mayoría de vocales y blindar la independencia del TC frente a la lógica partidista; despolitizar organismos reguladores, reconocer expresamente la pertenencia a la UE y la primacía del derecho europeo y mencionar explícitamente el euro como moneda constitucional. Por supuesto, asegurar la sostenibilidad de pensiones y sanidad con referencias a la responsabilidad intergeneracional y establecer límites claros al uso del estado de alarma o excepción, con garantías reforzadas de control parlamentario.

Nuestra Constitución ha cumplido un ciclo glorioso, pero pide a gritos mantenimiento. Reformar no es romper, sino garantizar su pervivencia para que España siga siendo una democracia viva. Y si se sigue negando la reforma, acabaremos lamentando la ruptura que se nos viene encima.