Sobre los escándalos de ‘vida disoluta’ –así lo llaman pudorosamente las crónicas– de José Luis Ábalos hay varios silencios distintos. Uno, bastante llamativo, es el del feminismo oficial político. Otro, de signo contrario, es el de esas votantes del PSOE que en las encuestas manifiestan su anónima decisión de retirar su apoyo al partido, un fenómeno de desafección que está costando a los socialistas la pérdida de su tradicional liderazgo del voto femenino. Y el tercero es el del presidente que desde el principio convirtió al exministro en su pretoriano favorito. El mismo que después de destituirlo le garantizó un escaño en el Congreso con su correspondiente aforamiento jurídico.

La pregunta clave del asunto es la de para qué necesitaba Ábalos la protección de ese privilegio. Se sabe, y lo ha ratificado la exmujer del procesado en una especie de ‘Sálvame’ televisivo entre el documental y el cotilleo, que Sánchez y su entorno directo tuvieron en 2020 conocimiento del putiferio. Y los círculos sanchistas divulgan la tesis –tras haberla negado en un primer momento, cuando empezó a aparecer en los medios– de que esa fue la causa de su cese en el Gobierno. Pero nadie corre riesgo de acabar ante el Supremo por un asunto de cuernos, ni el consumo de prostitución está tipificado por ahora en el ordenamiento. Hace falta algo más para necesitar acogerse a ese fuero. Y para que lo conceda quien puede hacerlo.

En un país donde alguien advierte al fiscal del Estado que el desconocido novio de una rival política tiene problemas tributarios, no parece demasiado verosímil la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo, a quien los servicios de inteligencia y un enorme aparato burocrático mantienen puntualmente enterado, ignorase los sospechosos tejemanejes de su colaborador más cercano. Su incremento patrimonial, el papel de un tal Aldama en su tren de vida desahogado, los turbios encargos que el ‘asistente’ Koldo realizaba de despacho en despacho. Como tampoco es fácil aceptar que cuarenta mil kilómetros recorridos juntos en un coche no fueran suficientes para ponerlo al tanto de su afición al sexo prostibulario.

El hombre mejor informado de España no sabía nada. Se lo tuvieron que contar Carmen Calvo y Adriana Lastra, avisadas a su vez –y esto sí parece creíble– por la esposa engañada. Nada de las ‘sobrinas’ en nómina pública, nada del trasiego de casas, nada por supuesto de la trama para amañar contratas, nada de las empresarias fiduciarias de Santos Cerdán en Navarra, nada del intermediario que recibió a Delcy en Barajas, por casualidad el mismo que trabajaba en el rescate de Globalia. Bendita inopia la de esa altura del poder en la que ningún subordinado te habla a la cara. Pero aunque así fuese existe una responsabilidad derivada. La que en una democracia exige que un gobernante asuma todo lo que pasa bajo su guardia.