Jesús Cacho-Vozpópuli

  • Más que de una reforma estructural se trataba del gesto simbólico de una vividora en sus horas más bajas

El ejemplo más palmario del desbarajuste radical en el que vive España bajo el Gobierno Sánchez tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles. Mientras en el Congreso de los Diputados se votaba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su teórico amigo el presidente del Gobierno asistía en un cine de la plaza de Callao de Madrid a la premier de la última película de Amenábar. Enfundado en esos patéticos vaqueros de pitillo que luce su cuerpo maltrecho, el presidente había abandonado corriendo su escaño en la carrera de San Jerónimo dejando a la vicepresidenta segunda, su vicepresidenta, sola ante el peligro, para que intencionadamente se cociera en su salsa y se apuntara en solitario la derrota del proyecto legislativo más importante de los presentados por Sumar, una ley con la que ese cadáver político que hoy es la señora Díaz pensaba resurgir cual Ave Fénix, una ley que es ejemplo de libro con el que ilustrar ese populismo de extrema izquierda dispuesto a salvar a los trabajadores que ni quieren ni necesitan ser salvados, porque en realidad se trata de utilizarlos como excusa para el revival político que necesita con urgencia esa muerta en vida que es Yolanda. Y Yolanda, que renunció a defender de entrada su proyecto como es normal en la práctica parlamentaria, cosechó la derrota que esperaba, 176 votos en contra (PP, VOX y Junts), la derrota de la que Pedro quiso huir a costa de poner en evidencia la extrema debilidad de su Ejecutivo, acusó el golpe, levantó la voz y amenazó con una proclama en tono de desafío: «Es imposible situarse en contra de 12,5 millones de personas trabajadoras».

De los muchos problemas que tiene una España asediada por todas las crisis, el que menos preocupa a la ciudadanía es precisamente la reducción de jornada. Según Eurostat, los españoles trabajaron una media de 40,1 horas semanales durante el primer trimestre de 2025, guarismo que se ha ido reduciendo paulatinamente por la tendencia natural en las sociedades desarrolladas a valorar el ocio y el tiempo libre como bienes supremos, algo que con el paso del tiempo se ha ido reflejando en los acuerdos entre partes plasmados en los convenios colectivos. De hecho, y como el diputado de Vox José María Figaredo se encargó de recordar en el Congreso la tarde del miércoles, la media de horas cotizadas por semana para trabajadores por cuenta ajena en empresas privadas es de 37,4, cifra inferior al límite que Yolanda pretende imponer por su cuenta, de modo que su aplicación tendría muy escaso impacto efectivo. A quien sí haría mucho daño ese recorte de la jornada laboral vía decreto es a esos legionarios apellidados autónomos y naturalmente a la pequeña y mediana empresa, el pequeño negocio, ese 90% de empresas de menos de 10 trabajadores que forman la parte del león del tejido empresarial español en sectores como la hostelería o el turismo, que se verían obligados a contratar personal adicional, a incrementar sus costes y tal vez a cerrar.

En realidad, a los trabajadores españoles no les preocupa las horas que trabajan sino el sueldo que reciben a cambio. La gente del común vive pendiente del dinero que gana, no del tiempo que pasa en su lugar de trabajo, que también, aunque quizá le preocupe más el que pierde en los atascos para llegar al curro en ciudades como Madrid. Una ansiedad lógica si tenemos en cuenta que los salarios apenas han recuperado el poder adquisitivo previo a la crisis financiera de 2008. En efecto, el salario medio bruto en 2024 era apenas un 2,3% superior, descontada la inflación, al de 2007, una mejora que el aumento del coste de la vida ha reducido a la nada, por no hablar del drama que supone conseguir hoy una vivienda para un sueldo medio español, situación ratificada por el estancamiento de la renta per cápita española desde hace casi 20 años. “Me cuentan los sueldos de la gente en España y me digo, ¿pero cómo se puede vivir con esos salarios? ¿Cómo puede ser posible que los chavales de 29 años no estén en las calles con antorchas y guadañas prendiendo fuego al país?”, se pregunta Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la universidad de Pennsylvania, en entrevista reciente parecida en El Mundo. Los sueldos, en efecto, el drama español, la angustia de tantos cabeza de familia conscientes de que el salario que llevan a casa difícilmente les permitirá llegar a fin de mes con cierto desahogo, y la disposición de cientos de miles de trabajadores no a trabajar menos horas, señora Díaz, sino a trabajar más a cambio de mejorar su sueldo. Lo cual nos lleva directamente al problema del subempleo, una situación que afecta a 1,3 millones de personas que en España trabajan a tiempo parcial porque no encuentran un empleo a jornada completa, una cuestión capital que entronca directamente con las rigideces que lastran el funcionamiento de nuestro mercado laboral.

Los sueldos, en efecto, el drama español, la angustia de tantos cabeza de familia conscientes de que el salario que llevan a casa difícilmente les permitirá llegar a fin de mes

De manera que los españoles quieren trabajar más pero no pueden (el 57,3% de los empleados a tiempo parcial estarían dispuestos a hacer más horas pero no encuentran dónde, según datos del INE y Eurostat para el primer trimestre de 2025), no se lo permite un mercado laboral tan intervenido que desincentiva la oferta de contratos indefinidos a tiempo completo. Un informe del servicio de estudios del BBVA (“Propuesta de reducción de la jornada laboral: incidencia e impacto potencial”) asegura que “Los resultados preliminares de las estimaciones indican que, sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales  -efecto inevitable en toda reducción de jornada sin paralela rebaja de salario- el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo”. Son technicalities que probablemente desprecie la señora Díaz y unos sindicatos convertidos en sanguijuelas, verdaderas elites extractivas del sistema, campeones del dolce fare niente que están viviendo su época dorada al servicio de Sánchez. Ministra y sindicatos parecen ignorar, en definitiva, que la jornada laboral no ha disminuido a lo largo de la historia por decisión de los Gobiernos ni de los sindicatos, sino porque lo han hecho posible los aumentos de productividad, una productividad que en España lleva años estancada y es un 25,4% inferior a la media de la eurozona. En un país en esa situación y con una tasa de paro que, a pesar de los avances recientes, sigue doblando la media de la UE y de la zona euro, una subida adicional de costes laborales derivada de recortar jornada y mantener salarios es un disparate que solo cabe en el magín de una ministra de Trabajo comunista, un hecho insólito en Europa a la altura de 2025.

Junts ha cumplido su amenaza tumbando la “ley Yolanda” y colocando a Sánchez ante la primera derrota parlamentaria del curso. Más ruido, menos credibilidad. Más que de una reforma estructural se trataba del gesto simbólico de una vividora en sus horas más bajas, dispuesta a revitalizar su carrera política a costa de los trabajadores españoles. Derrotada en toda línea, la señora se ha revuelto como una culebra respondiendo con una maniobra torticera: el registro horario en las empresas. Lo contaba aquí Luis Casal el viernes: “La vicepresidenta no está dispuesta a dejar que la foto de la derrota eclipse su agenda, y ha activado un plan B exprés: trocear la reforma y sacar por decreto los puntos que no necesiten pasar por la Cámara. Ninguna convalidación parlamentaria, ningún riesgo de veto y sólo garantías de poder aprobar, al menos, una parte de la ley. La idea de Díaz es endurecer el sistema implantado en 2019. Se acabaron las hojas en papel y las anotaciones de buena fe: el registro deberá ser digital, rellenado personalmente por cada trabajador y con verificación de identidad”. Una medida que traslada a las empresas -naturalmente a las pymes y autónomos con empleados- la obligación de informatizar y custodiar los datos, con todo lo que ello implica en costes de gestión. Un Gobierno contrario a la iniciativa privada, enemigo del libre mercado, dispuesto a someter al ciudadano que abre un pequeño negocio a un viacrucis de reglamentos y costes crecientes. Ni una sola de las decisiones que ha tomado Sánchez y sus edecanes desde que está en el poder en materia económica y/o laboral ha ido destinada a hacer más fácil la vida del emprendedor dispuesto a arriesgar su dinero para crear riqueza y empleo.

Y Sánchez, en lugar de llamar al orden a su mandada y hacer valer su autoridad, la responsabiliza del fracaso y se va tranquilamente al cine, eso sí, abandonando el recinto al final de la proyección por la puerta de atrás para evitar los abucheos del respetable acumulado en Callao. Retrato perfecto del abisal desorden español. Más que el dirigismo tradicional de un Gobierno empeñado en salvar a quien no lo necesita, molesta sobre todo esa especie de ingeniería social que la extrema izquierda está hoy desplegando en España y en la UE destinada a desarmar a las sociedades occidentales de cualquier tipo de valores: el trabajo, por ejemplo; la valoración del trabajo; la consideración del esfuerzo como la virtud que más ha contribuido al progreso social. Para estos progresistas enemigos del verdadero progreso, el trabajo es considerado un mal en sí mismo; trabajar debe estar socialmente mal visto; trabajar es una desgracia y aquí está la izquierda para rescatar a los humanos de semejante flagelo. Para eso está el Estado Beneficencia, ese Leviatán capaz de crear “derechos sociales y económicos” de forma constante, derechos gestionados por una burocracia que se multiplica sin freno, convertida en una clase social en sí misma que se arroga la autoridad de asignar al Estado nuevas misiones asistenciales no ya innecesarias sino perjudiciales para el bien común, un Estado dispuesto a dirigir la vida del ser humano desde la cuna a la tumba a cambio, claro está, de la renuncia a su libertad, a tu libertad, la libertad de trabajar las horas que a uno le dé la gana.

Ni una sola de las decisiones que ha tomado Sánchez y sus edecanes desde que está en el poder en materia económica y/o laboral ha ido destinada a hacer más fácil la vida del emprendedor dispuesto a arriesgar su dinero para crear riqueza y empleo

Lo expresaba muy bien en fecha reciente el francés Olivier Babeau, profesor universitario además de presidente y fundador del Instituto Sapiens, autor de “La era de la pereza” (“L’ère de la flemme: Pourquoi nous et nos enfants avons perdu le sens de l’effort”): “En diciembre de 2023 celebramos los 25 años de la semana de 35 horas y los 42 años de la jubilación a los 60. Fue una triste celebración, por cierto. El problema con las decisiones políticas es que tardan mucho tiempo en demostrar sus ventajas o sus defectos. Al final, esas dos resultaron ser un desastre absoluto, como prueba hoy la situación de Francia. Las 35 horas, la ilusión del dinero gratis, se pagaron con aumentos de costes salariales que dieron como resultado un crecimiento menor que el de nuestro vecino alemán, nada menos que un diferencial de crecimiento del 3% en 25 años o el equivalente a una pérdida de riqueza de 2 billones de euros. Francia trabaja muy poco. La gente prefiere limitar su tiempo de trabajo, y por tanto sus ingresos, para tener más tiempo libre. ¿Lo compensamos con mayor productividad? Más bien no. El crecimiento de la productividad laboral en Estados Unidos ha sido el doble que el de los países de la eurozona durante los últimos 20 años. Francia es un país que considera que el trabajo se ha vuelto algo “anacrónico”. El trabajo ya no interesa. Vivir a costa del esfuerzo de los demás es nuestro gran negocio”. La consecuencia es la decadencia. El fruto podrido de ese “socialismo encubierto”, unas veces gestionado por el centroderecha y otras por el centroizquierda,  en que lleva viviendo Europa desde 1945. El resultado, a la vista está.