El desvelamiento este jueves de los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores, un sistema clave para la protección de las víctimas de violencia de género, añade un nuevo baldón al dilatado historial de escándalos que viene jalonando la trayectoria del Ministerio de Igualdad en los últimos años.
La Fiscalía General del Estado ha admitido que «problemas puntuales», ligados al cambio del proveedor del servicio en 2024, provocaron que durante un tiempo los datos de ubicación de hombres condenados o investigados por violencia de género con órdenes de alejamiento no estuvieran disponibles para los juzgados.
La Fiscalía admite también que esta deficiencia provocó el archivo provisional de ciertas causas judiciales, por falta de pruebas, generando una potencial desprotección de las víctimas.
No es la primera vez que el Ministerio de Igualdad falla en su labor esencial de salvaguardar la seguridad de las mujeres.
El caso más flagrante es el de la fallida ley del sólo sí es sí, que, proclamando proteger la libertad sexual de las mujeres, acabó propiciando más de 1.200 reducciones de penas y al menos 126 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales.
Y el episodio de las pulseras tampoco puede considerarse un incidente aislado.
Porque el Ministerio de Igualdad, tanto bajo la dirección de Ana Redondo como con su antecesora en el anterior gobierno de Sánchez, Irene Montero, se ha visto envuelto en reiteradas controversias e irregularidades, también en lo tocante a la gestión de fondos públicos y contratos.
Sin ir más lejos, la adjudicación, destapada por EL ESPAÑOL, de más de 64 contratos públicos por valor de 250.000 euros para gestionar puntos violeta, por parte de ayuntamientos socialistas, a la entonces directora del Instituto de la Mujer y su pareja. Lo que acabó forzando su cese.
La negligencia en la supervisión y el control de los dispositivos antimaltrato no hace sino agravarse por el desconocimiento aducido por la ministra de cuántos casos concretos se archivaron o se vieron afectados.
Redondo ha minimizado el problema, pero la Fiscalía mantiene que los efectos fueron graves y numerosos.
Tampoco ha concretado cuánto duró la incidencia técnica, limitándose a decir que sólo estuvo activa «un concreto periodo de tiempo» del año 2024.
Y ha delegado la responsabilidad señalando a la Fiscalía.
Pero la responsabilidad principal en este fallo es la suya
Porque fue el propio Ministerio de Igualdad, tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva en 2023, quien calificó con un suspenso el plan para cambiar de empresas, avanzando que podría generar problemas.
Y, además, desde enero de 2024, la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alertó por escrito a la ministra sobre el riesgo de trasladar la gestión a una nueva empresa.
Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas.
Es razonable que, ante esta ignorancia, que se mantiene pese al largo tiempo transcurrido, el PP haya exigido la dimisión de la ministra, alegando que «quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato”.
Ciertamente, a Ana Redondo cabe reconocerle una actitud más prudente en lo concerniente a la legislación trans, habiendo atemperado la orientación integrista que se obstinó en imprimirle Irene Montero.
Pero, por lo demás, no se aprecia una mejora significativa con respecto a la gestión de su predecesora.
El Ministerio de Igualdad, que ha alcanzado su récord de presupuesto, se ha dedicado fundamentalmente a financiar costosas campañas que han sido cuestionadas por su eficacia y su ánimo divisivo.
O bien ha acabado enredado en iniciativas de dudosa viabilidad, como la abolición de la prostitución. Un empeño cuya sinceridad no logra convencer a los españoles, que lo ven como un intento de resarcirse por el recurso del clan del Peugeot a este servicio, y por la vinculación del entorno familiar de Pedro Sánchez con negocios donde se ejercía.
Mientras tanto, no ha logrado el que debiera ser su principal cometido: reducir las insoportables cifras de violencia de género, que o bien se mantienen iguales, o en determinados casos han aumentado.
Cabe exigirle al Ministerio de Igualdad una administración eficaz, profesional y seria. La materia que tiene encomendada esta cartera es demasiado sensible como para poder permitirse tener al frente a más dirigentes incompetentes.