Juanma Moreno ha anunciado dos medidas fiscales que han causado cierta sorpresa.
El Presupuesto que ultima el Gobierno andaluz contempla una deducción del 30% en gastos veterinarios de mascotas, y otra deducción del 15% en las cuotas de gimnasio.
Estas dos subvenciones han dado a Junts material suficiente para cargar su artillería discursiva y volver a la cantinela supremacista.
«Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora no le podemos dar ayudas a las becas comedor o a la ley de dependencia», ha lamentado este viernes Jordi Turull. «Y con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía».
Este argumento reproduce el viejo esquema del independentismo: Cataluña como víctima fiscal de un Estado que expolia sus recursos para beneficiar a los demás, y que siempre recibe menos de lo que le corresponde.
Es la misma lógica del «España nos roba» que durante años ha alimentado el relato secesionista.
Esta tesis, más allá de su simpleza, no hace sino reflejar el planteamiento insolidario de los separatistas.
Porque el sistema de financiación autonómica —con todos sus defectos— se fundamenta en un principio constitucional de solidaridad interterritorial. Los impuestos no pertenecen a los ciudadanos de una región en exclusiva, sino al conjunto del Estado, que redistribuye según necesidades.
Pero es que, además, es una tomadura de pelo que sea Junts quien esté exigiendo responsabilidad fiscal y hablando de solidaridades justas, cuando nadie como este partido se ha destacado tanto por un uso indebido del erario.
Cabe recordar que varios de sus dirigentes están condenados en sentencia firme o tienen procesos judiciales abiertos por delitos relacionados con la malversación de fondos durante el procés, como el propio Turull, Dolors Bassa o Raül Romeva. Y Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo le denegara la amnistía para este delito, sigue procesado por malversación.
La desfachatez de Turull es mayúscula si se le añade que los nacionalistas están negociando mientras tanto con el Gobierno central un modelo de «financiación singular» para Cataluña.
Un sistema que permitiría a la Generalitat recaudar directamente los impuestos y transferir al Estado una aportación pactada. Lo que supondría, en la práctica, que el resto de comunidades asumieran un coste añadido para sostener un sistema asimétrico.
O sea, que Junts está reprochando a Andalucía pagar sus subsidios con dinero de los catalanes, mientras pretende que el conjunto de españoles financie un privilegio territorial que merma la caja común.
Es decir, que la financiación singular que ha vuelto a pedir Turull a colación de las bonificaciones fiscales de Moreno Bonilla implicaría, irónicamente, que sean el resto de comunidades, y no Cataluña, las damnificadas.
Después del enfrentamiento de Junts con el gobierno andaluz, queda inevitablemente envenenado el debate sobre la financiación singular, y comprometida la posición de quien está asumiendo su diseño, María Jesús Montero. Que será precisamente la rival de Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas.
Que los independentistas carguen las tintas contra unas subvenciones que supondrán un coste global de 48 millones de euros, después de haber arruinado una administración autonómica tras años de desfalco para fines ilegales, demuestra que detrás de esta campaña no hay nada más que la invocación del agravio territorial para espolear el resentimiento entre españoles.
Porque aun cuando pueda ser objeto de debate la pertinencia de estas deducciones, siempre será preferible que el dinero público vaya a pagar mascotas y gimnasios que a financiar un nuevo proceso separatista.