Las reformas de 2021 y 2023 no han resuelto el problema de fondo: las cotizaciones sociales son incapaces de sostener un gasto que crece año tras año. Para cuadrar las cuentas se recurre a transferencias y préstamos crecientes desde el Estado. Pero ese recurso, que reconoce la quiebra del sistema de prestación definida tiene un coste altísimo: cada euro destinado a pensiones es un euro menos para infraestructuras, vivienda, educación o innovación tecnológica. Se sacrifica inversión de futuro para sostener gasto corriente.

Este año se han introducido nuevas medidas: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasa del 0,7% al 0,8%, se impone una cuota de solidaridad sobre los salarios más altos y la base máxima de cotización se revaloriza por encima de la inflación. Lo que, en conjunto, apenas suma 1.700 millones de ingresos adicionales, una décima del PIB. Además, estas medidas reducen la contributividad del sistema, encarecen los costes laborales y lastran la competitividad de una economía que sigue arrastrando la mayor tasa de paro de la UE y una productividad estancada.

El diagnóstico se agrava si miramos a largo plazo. Según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, España será el país de la Unión donde más aumente el gasto en pensiones en las próximas décadas: 3,3 puntos de PIB adicionales en 2050 y 5 en 2070. El déficit creciente procede de dos decisiones: haber revalorizado las pensiones con el IPC, además de haber eliminado el factor de sostenibilidad. Así, la reforma de 2021-2023 ha hecho el sistema más generoso, pero también menos autosuficiente. El cuadre de los ingresos y gastos, y la generación de un saldo positivo en la hucha de las pensiones es un sueño de no recordar.

Un cuadro macroeconómico selectivo nos golpea con la evidencia de los desequilibrios: entre 2003 y 2023 el PIB per cápita solo creció un 10,8%, mientras el gasto público per cápita lo hizo un 46,9% y el gasto en pensiones un 70,5%. En paralelo, la inversión pública cayó un 21,8%. En otras palabras, el esfuerzo destinado a pensiones ha desplazado recursos vitales necesarios para mejorar la productividad, la competitividad y la capacidad de generar empleo de calidad. La brecha se amplía en vivienda social y en capital humano, áreas estratégicas sacrificadas frente a la presión de la nómina mensual de los pensionistas.

En el plano intergeneracional, el MEI y el recargo sobre las bases máximas se convierten en un impuesto diferido sobre los jóvenes, que pagan más, financian a los mayores y no acumulan derechos. El resultado es una presión añadida sobre el empleo, la inversión y los salarios netos. Si, además, se multiplican las transferencias del Estado, engrosando el saldo de la deuda pública, se acumulan facturas para futuras generaciones de jóvenes.

De ahí que AIReF alerte con vehemencia del problema. España necesita mecanismos más automáticos y transparentes: vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, mejorar la información individual sobre lo que se cotiza y lo que se cobra buscando el equilibrio de la contributividad, recuperar la equidad intergeneracional como principio básico. Y migrar parcialmente a modelos nocionales, como están haciendo otros países donde cada trabajador acumularía una cuenta virtual con sus aportaciones: un sistema de pilares múltiples al estilo de Reino Unido, Suecia, Italia o Dinamarca entre otros.

La pregunta, finalmente, no es si el Estado puede seguir pagando las pensiones, sino qué sacrificios estamos dispuestos a aceptar para mantener un modelo insostenible, apuntalado artificialmente con cargo a los presupuestos generales del Estado, en términos de alternativas de inversión. Esa es la encrucijada de nuestro contrato social: elegir entre sostener el presente o asegurar el futuro.