A la vista de los informes de la UCO y de la Intervención General del Estado recién conocidos, parece que no mucho. Porque lo que hasta hace pocos meses era investigado como dudosas maniobras académicas o apoyos discretos a afines, ha comenzado a adquirir hechuras de adulto procesal.

La UCO de la Guardia Civil (ya saben, “el honor es mi divisa”) ha documentado en un informe que Cristina Álvarez ejercía como puente entre la UCM, empresas privadas y la propia Begoña Gómez.

En algunos casos, incluso firmaba en nombre de Gómez.

Esos 121 correos internos de la UCM revelan cómo la asistente de Gómez no desempeñaba un papel meramente administrativo ni se limitaba a gestionar la agenda: participó en la intermediación financiera de la cátedra que dirigía la esposa del presidente Sánchez, con acción directa en la vinculación de lo académico con lo institucional y lo privado.

Sirva como ejemplo el botón de los fondos solicitados a Google tras un lucido acto público conjunto.

Pero, con todo, lo más reseñable no es ese círculo de presunta colusión privada-académica que evidencian de forma palmaria los correos de la asistente.

El informe de la Intervención General del Estado (IGAE), órgano dependiente de Hacienda, eleva el asunto a otro nivel: el de los contratos públicos adjudicados con fondos europeos. Ese informe de más de 300 páginas (ya enviado a la Fiscalía Europea) denuncia irregularidades graves en adjudicaciones de Red.es por cerca de 8,4 millones de euros.

Los procesos incorporaron cartas de recomendación como criterio de valoración técnica, criterios no contemplados en los pliegos y borrado de “metadatos” que podrían ocultar rastros de manipulación.

Hacienda ha concluido que las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez fueron determinantes en la adjudicación de contratos millonarios con fondos europeos a empresas de su círculo académico.

Es decir: sin esas cartas, Carlos Barrabés no habría ganado.

Si se prueba que esas cartas de Gómez incidieron significativamente en adjudicaciones de contratos financiados con fondos comunitarios, la causa deja de ser un episodio doméstico y se inscribe en el terreno de la responsabilidad fiscal y europea.

Ya no hablamos de correos en una cátedra ni de intermediaciones informales. Hablamos de la gestión irregular de fondos europeos, con criterios ilegales añadidos a concursos públicos, con borrado de metadatos en los expedientes y con discriminación hacia otros licitadores.

Es decir, un patrón que la justicia nacional ya investiga y que ahora también interesa a la Fiscalía Europea.

La IGAE advierte que hubo discriminación de otros licitadores, y que la mesa evaluadora no actuó con los criterios de obligado cumplimiento. Debía valorarse lo técnico mediante fórmulas objetivas, no subjetivas. Y mucho menos con influencias externas.

Lo que hace este dato explosivo es que desplaza radicalmente el centro de gravedad del caso Begoña Gómez de lo personal-académico a lo institucional-público.

Durante años, Barrabés encarnó la narrativa de modernización que Sánchez quiso asociar a su gobierno: digitalización, emprendimiento, resiliencia.

El empresario aragonés, amigo cercano de Begoña Gómez, convertido en símbolo de la innovación social. Si el amigo inspirador se transforma en eslabón probatorio, ese tránsito es letal: el aliado puede acabar siendo instrumental en la caída de la casa Sánchez. No sólo porque sus empresas se beneficiasen, sino porque simboliza la confusión entre lo íntimo y lo institucional, entre lo que se defendía como proyecto de país y lo que se revela como un circuito de favores personales.

Sánchez, desde Nueva York, dijo que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”.

Pero ese tiempo ya está jugando en su contra, porque, mientras el nuevo relato toma forma y los documentos emergen, el campo político y judicial arde.

Si alguien logra que esas cartas pesen ante el tribunal europeo y la opinión pública, la reducción de Sánchez al papel de amante esposo espectador quedará dinamitado limpiamente: la asunción de responsabilidades políticas y el desgaste simbólico caerán sobre él también.

El caso golpea a una ciudadanía con la moral maltrecha, agotada por años de corrupción, privilegios y relatos partidistas. Los españoles hemos visto desfilar casos por decenas.

Ahora, la posibilidad de que la esposa del presidente esté implicada en un esquema de alteración interesada de contratos públicos financiados con fondos europeos ya no genera indignación fresca. Es más bien amargo hartazgo, sean cuales sean las razones que lo hicieron posible.

La conclusión es inevitable. Este es un nuevo examen a nuestra capacidad de exigir ejemplaridad a quienes concentran el poder porque se lo hemos delegado.

No podemos mirar hacia otro lado.

No podemos normalizar el privilegio ni aceptar que el poder sea siempre un salvoconducto.

En ese juicio moral que no se celebra en una sala, sino en la conciencia de un país, todos somos jurado popular.