El 16 de junio, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó la mayor en una entrevista en RNE, preguntada por el caso Santos Cerdán.

Lo hizo de una manera peculiar.

Montero no negó que quizá, acaso, tal vez, alguien del PSOE hubiera podido cobrar comisiones.

Todo en condicional.

Pero añadió que eso no implica que se amañaran contratos.

«Se pueden cobrar mordidas sin que eso haya afectado a la adjudicación», dijo.

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Lo que ocurrió fue que Montero no pudo esquivar la afirmación de la UCO de que Ábalos, Cerdán y Koldo ofrecieron a algunas empresas alterar el procedimiento de adjudicación de contratos de obra pública en su favor.

Pero negó que existieran pruebas de que ese ofrecimiento se hubiera concretado en una adjudicación irregular.

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Es decir, que Ábalos, Cerdán y Koldo se ofrecían, pero ese ofrecimiento no llegaba nunca a buen puerto, aunque luego cobraran comisiones como si lo hubiera hecho.

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Bueno, cosas más raras se han visto.

Démoslo por bueno: que haya habido pago de comisiones no implica que haya habido irregularidades en el proceso de concesión.

Lo cierto es que yo no he conocido nunca el caso de un empresario que haya pagado comisiones a cambio de nada, pero quizá eso ocurre con la mayoría de empresarios que tratan con el PSOE.

Qué suerte para los socialistas: les pagan a cambio de nada, sólo por hacer el bien.

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Demos el salto a este martes, 30 de septiembre.

Arrinconado por los dos informes, uno de la Guardia Civil y otro de la Inspección General, que cierran el círculo alrededor de Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez, la empresa estatal Red.es y el empresario Barrabés, el Gobierno salió en tromba para defender, sobre todo y en primer lugar, a la mujer del presidente del Gobierno, así como al propio Pedro Sánchez.

“En esos correos en ningún caso aparece el nombre del Gobierno o del presidente. Estamos donde estábamos”, ha dicho la portavoz Pilar Alegría.

“Ese informe para la Fiscalía Europea traslada irregularidades, pero en ningún caso delito alguno. Aquí se habla de un procedimiento de contratación vigente desde 2011. Hubo treinta y tres auditorías desde entonces y nunca se observó ninguna anomalía”.

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Dicho de otra manera: en el procedimiento de adjudicación de contratos públicos a la empresa de Barrabés pudo haber irregularidades, pero en ningún caso cobro de comisiones o nada que implique al presidente del Gobierno o a su esposa.

Porque, claro, la idea de que un funcionario o un trabajador de una empresa estatal haya amañado la adjudicación de un contrato público, jugándose varios años de cárcel, a cambio de nada, o sin beneficiar a alguien que pudiera luego beneficiarle a él, es lo más normal del mundo.

¿Quién no arriesga penas de prisión a cambio de nada, sólo para beneficiar al amigo de la mujer del presidente del Gobierno?

¡Viva el suicidismo!

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O sea, que en el caso de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos hubo comisiones, pero no irregularidades.

Y en el caso de Begoña hubo irregularidades, pero no comisiones.

Todo ello, «presuntamente», claro.

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Nosotros, como ciudadanos españoles, podemos fingir creernos que una excusa y su contraria sirven para exculpar al presidente del Gobierno, a su mujer o a su Gobierno, o a cualquiera que haya colaborado con ellos o se haya beneficiado de su cercanía y amistad.

Porque la posibilidad de que existan irregularidades sin comisiones existe, efectivamente.

Y la de que existan comisiones sin irregularidades, también.

Es una posibilidad teórica.

Como la de que el universo entero sea una simulación por ordenador de una civilización tecnológicamente avanzada y nosotros, sólo avatares de ese programa informático.

Avatares que creen estar vivos, pero no lo están.

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Pero la realidad es que, en el mundo real, si hay irregularidades suele haber comisiones.

Y si ha habido comisiones, siempre es después de una irregularidad.

Así que es legítimo inferir que tras una irregularidad hay una comisión, y antes de una comisión, una irregularidad.

Pero, lo repito: todos somos libres de creernos que el Gobierno de Pedro Sánchez es el único del planeta que beneficia a sus amigos por error, pero sin contraprestación de ningún tipo, y que luego cobra contraprestaciones a cambio de promesas de delito que jamás se cumplen.

Yo no me lo trago, claro.

Pero lo que me ofende, lo que me ofende de verdad, es que el Gobierno crea que podría tragármelo.

Que me trate de idiota, vaya.