A pesar de que la portavoz del Ejecutivo trató de reducir las acusaciones a la reacción de un candidato que ya ha perdido dos juicios, tras ser excluido de la Academia, la concatenación de procesos judiciales iniciados por aspirantes, sindicalistas y ertzainas exige al Departamento de Seguridad un ejercicio de mayor transparencia pública. Se antoja necesario concretar la naturaleza de las eventuales irregularidades y aplicar correcciones en un servicio tan sensible.

El problema también viene dado por la importancia de dos relevos no suficientemente explicados hasta la fecha en la cúpula de la Academia. La salida de quien era su directora, Miren Dobaran, y de su número dos, Amaya Angulo, tras apenas un año en el cargo revela la existencia de supuestas resistencias internas a renovar el funcionamiento del centro policial. El departamento de Bingen Zupiria está obligado a ventilar la institución de formación de ertzainas para adaptarla a los nuevos tiempos y dejar atrás posibles inercias que lastran su actividad y desatan numerosas quejas.

La reciente llegada a la dirección de Jon Goikolea, hombre de confianza de Juan Mari Atutxa en su etapa en Interior, solo puede interpretarse como un intento de atajar la crisis. Enfrentamientos personales, selección a dedo, decisiones arbitrarias o recursos contra las bases de una convocatoria jalonan una cadena de demandas que exige una investigación a fondo y, llegado el caso, el inicio de un proceso de depuración de responsabilidades. La dirección de Arkaute debe extremar el celo en la formación de quienes un día pueden asumir la alta responsabilidad del orden público en Euskadi. Pero no se puede permitir que decisiones clave de la Academia estén en manos de los supuestos contrapoderes internos que denuncian los alumnos, alguno de ellos con sesgo político.