Justo un día después del cese como ministro de José Luis Ábalos, el 11 de julio de 2021, el Gobierno del que hasta entonces formaba parte envió al Boletín Oficial la ley que limitaba los pagos en efectivo entre empresas y particulares. La discutida restricción de estas operaciones, que irrita a muchos ciudadanos, tiene que ver con la lucha contra el fraude y con la prevención del blanqueo de capitales, pero si los datos de la UCO son ciertos el Partido Socialista no se sintió concernido por sus propias salvedades. La aseveración de que las famosas chistorras de Koldo eran embutidos auténticos tiene el mismo tono chusco que el desahogo de llamar sobrinas a las amantes estampilladas en nóminas oficiales.

En un hecho que Ábalos pasó años sin ir al cajero. Cualquier usuario de banca conoce las dificultades para hacerlo porque el cierre masivo de sucursales obliga a incómodos desplazamientos; el problema es que tampoco tiraba de tarjeta de crédito y que su asistente para todo pagaba en su nombre los gastos de hipoteca, viajes, almuerzos, divorcio y hasta del servicio doméstico. En el examen de sus cuentas, a la Guardia Civil le ha quedado sin cuadrar por ahora un montante de 95.437 euros, cantidad que su ¿dueño? considera escasa para presumir el cobro de comisiones al mismo tiempo que elude aclarar el origen del dinero. Tanto si era suyo, de Koldo, del PSOE o de algún sujeto ajeno, todas las hipótesis le ponen en aprietos.

Hay una especialmente conflictiva, y es la que apunta al partido, donde nadie es capaz de ofrecer una explicación satisfactoria sobre el reparto de billetaje en sobres de grosor llamativo, como aquellos que los toreros antiguos entregaban a los críticos. En el más benévolo de los supuestos, el del abono de desembolsos previos, el procedimiento es heterodoxo como mínimo, y en el peor puede resultar ilícito, lo que pondría a la organización ante un severo compromiso penal y político. Una verosímil imputación por financiación irregular, la excusa de la censura a Rajoy, puede ser la puntilla del sanchismo. La justicia poética llega a veces por caminos imprevistos.

La portavoz oficial declaró ayer, con la alegría propia de su nombre, que esas cosas suceden en todas las empresas. (Patxi López, que no se entera, dijo que también en el Parlamento y hubo que informarle de que allí los reintegros se hacen mediante transferencia). Quizá la portavoz debería consultar a esos autónomos o gerentes de compañías obligados a someter sus facturas al rígido escrutinio de Hacienda, que desconfía de cualquier transacción en metálico por sistema. Serán los tribunales los que determinen si la contabilidad de Ferraz era delictiva o sólo chapucera, pero de momento esa afición sobrecogedora alumbra motivos racionales de sospecha. Y no tanto sobre el destino de los ‘convolutos’ –¿se acuerdan del caso Flick?– como sobre su procedencia.