Aunque el PSOE había rechazado con anterioridad la exigencia de Sumar de blindar constitucionalmente el derecho al aborto, este martes la coalición ha acordado en el Consejo de Ministros una propuesta para introducir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución, que recoge el derecho a la protección de la salud.
La adenda reconocería «el derecho de la mujer al libre derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», explicitando que deberá ser «garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva».
El hecho de que Pedro Sánchez, que ha asumido personalmente esta iniciativa, haya cambiado nuevamente de opinión es suficientemente ilustrativo de que está instrumentalizando la cuestión del aborto como arma arrojadiza contra el PP.
Pero lo confirma el hecho de que tanto Sánchez como la ministra de Igualdad hayan mentado expresamente a los populares, sabedores de que la oposición del PP impedirá la mayoría de tres quintos en el Congreso que requiere la reforma constitucional.
De esta forma, el PSOE pretende que el PP quede retratado si no vota a favor de «la defensa de los derechos de las mujeres».
Es verdad que ha sido el propio PP quien ha propiciado que Sánchez pueda abrir esta caja de Pandora.
Porque el presidente no está sino aprovechando el traspiés del PP en el Ayuntamiento de Madrid al aceptar sin motivo una propuesta de Vox basada en la inexistente tesis científica del síndrome postaborto.
Si Sánchez ha podido seguir estirando el chicle de la polémica es, además, porque Isabel Díaz Ayuso está actuando como un verso libre en esta cuestión.
Este martes, el Gobierno ha anunciado que volverá a requerir formalmente a la Comunidad de Madrid que cumpla lo dispuesto en la Ley del Aborto del 28 de febrero 2023 y acceda a crear el registro de médicos objetores de conciencia al aborto. Y la ministra de Sanidad ha amenazado a la Comunidad de Madrid con llevarla a los tribunales si no cumple.
Pero la respuesta de Ayuso ha sido la misma que la de la semana pasada: resistirse a crear una «lista negra de médicos» que vulneraría «el anonimato de los profesionales amparado por la Constitución Española».
Para ello, ha invocado como argumento jurídico cuatro artículos de la Constitución que reconocen la no discriminación por razones de pensamiento, así como la libertad ideológica y la interdicción de obligar a cualquier ciudadano a declarar sobre sus creencias.
Es cierto que a Sánchez nunca le ha preocupado demasiado retorcer o incumplir mandatos constitucionales, como demuestra igualmente su rechazo a presentar Presupuestos.
Pero sorprende más que esté dispuesto a inobservar también la nítida doctrina al respecto de su afín Tribunal Constitucional, que en su jurisprudencia ya ha reconocido el derecho al aborto como una «manifestación del derecho de la mujer a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables».
En la sentencia de mayo de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 de Zapatero, el TC declaró que la protección constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo, como una expresión del derecho de la mujer a la autodeterminación, se deriva de derechos ya consagrados en la Carta Magna: el de la integridad física, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.
De modo que incluirlo formalmente como derecho en la Constitución no sólo resulta innecesario, sino que sería probablemente anticonstitucional.
Porque implicaría dejar sin protección al nasciturus, cuando la sentencia del TC afirmó que «el Estado tiene [también] el deber de tutelar la vida prenatal, a la que se ha reconocido el carácter de bien constitucionalmente protegido».
Pese a ello, Sánchez sigue decidido a alimentar una polémica artificial, dado que la garantía pública del aborto no está amenazada en la Comunidad de Madrid, como tampoco en ninguna otra comunidad de España. Y dado que Feijóo ya ha aclarado que la postura del PP es la de aceptar el aborto como «un derecho» reconocido en la legislación y «garantizado por una sentencia del Tribunal Constitucional».
Si lo está haciendo, es para tratar de minar el liderazgo de Feijóo oponiéndolo al de Ayuso. Y para, en el marco de la precampaña electoral que está empezando a movilizar el PSOE, seguir disponiendo de munición para la narrativa que le permitió revalidar el Gobierno: la de la supuesta amenaza de una llegada al poder de la ultraderecha que implicaría un recorte y un retroceso en los derechos sociales.