- El sistema judicial español arrastra problemas estructurales que lo señalan como un poder sin transición democrática plena, lo que genera desconfianza sobre su independencia y transparencia.
Con frecuencia se ven opiniones y reflexiones sobre la Justicia, como si fuera algo sin trascendencia, pero no debemos olvidar que es un poder que forma parte de nuestra estructura democrática.
Ahora bien, parece que únicamente los jueces tienen derecho a opinar al respecto, y eso es con lo primero que hay que discrepar. Nada debe quedar al margen del derecho a opinar, y mucho menos de la crítica o la reflexión que a cada uno nos merezca un poder tan relevante.
Entre esos encomios que muchos se afanan en pregonar cuando los autos o los veredictos les son favorables, y por el contrario, las críticas exacerbadas de los que no resultan agraciados, pueden faltar algunas reflexiones y elementos que aparecen en la Justicia.
La primera consideración es que tenemos un sistema obsoleto de acceso a la judicatura. Desde la Inquisición no se ha modificado prácticamente el modelo. Aunque parezca una boutade, la desigualdad de oportunidades es una evidencia.
El sistema judicial español no experimentó una ruptura clara con las estructuras del régimen franquista tras la Transición (1975-1982). Durante la dictadura, la Justicia estaba supeditada al poder político, con instituciones como el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en 1963, que reprimía disidencias políticas bajo la apariencia de legalidad.
Este tribunal, que juzgaba delitos de opinión, prensa o asociación, dejó un legado de desconfianza en la imparcialidad judicial. Aunque el TOP fue disuelto en 1977, muchos jueces y estructuras judiciales del franquismo continuaron operando sin una renovación profunda, lo que ha generado críticas sobre la persistencia de una cultura judicial autoritaria.
Algunos autores comparan esta herencia con la Inquisición, aunque no exista una correlación directa. No sólo por su carácter represivo, sino por su falta de transparencia y su función como instrumento de control social.
La Inquisición, vigente hasta el siglo XIX, centralizaba el poder en manos de una élite no electa. Un rasgo que, según algunos críticos, comparte con el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya composición y funcionamiento han sido objeto de controversia.
Además, vemos cómo se ha seguido un proceso que está ligado a la dictadura de Franco, sin ningún proceso de transición, como sucedió con el Legislativo y el Ejecutivo. El modelo de la Justicia se ha ido desviando de la dinámica del resto de la estructura democrática.
El acceso a la carrera judicial está dominado por un sistema de oposiciones que, en la práctica, actúa como un filtro socioeconómico. El Gobierno y el CGPJ son conscientes de este problema y se están impulsando propuestas para ampliar oportunidades a candidatos con talento, independientemente de su capacidad económica, como las becas SERÉ.
El ejemplo más evidente es la Audiencia Nacional, heredera sin solución de continuidad del Tribunal de Orden Público. Y ahí sigue, sin que nadie se haya preocupado de su funcionamiento blanqueado por la lucha contra el terrorismo.
El CGPJ, creado por la Constitución de 1978 como garante de la independencia judicial, se ha convertido en uno de los principales focos de crítica.
«Un modelo donde los jueces elijan directamente a sus vocales conlleva un riesgo de politización interna por la influencia de las asociaciones judiciales»
Sus miembros, aunque formalmente independientes, son elegidos por el Congreso y el Senado, lo que ha llevado a un sistema de cuotas políticas donde los partidos mayoritarios (PP y PSOE) negocian los nombramientos.
Esta politización se refleja en la percepción de que los jueces de alto rango están alineados con intereses partidistas, lo que erosiona la confianza ciudadana. Encuestas como las del CIS (2023) muestran que sólo el 35% de los españoles confía en el sistema judicial, una de las tasas más bajas de la Unión Europea.
Existen problemas bastante serios con el Poder Judicial. El principal, una dinámica en el CGPJ que prioriza la defensa corporativa.
Este análisis se enmarca en un ecosistema mediático que, lejos de fiscalizar, suele polarizar y simplificar el debate.
Un órgano dedicado a la defensa de los jueces, la Comisión de Venecia, al analizar las propuestas del CGPJ, advirtió de que un modelo donde los jueces elijan directamente a sus vocales (como propone el sector conservador) conlleva un riesgo de politización interna por la influencia de las asociaciones judiciales.
Este modelo corporativo, que aleja la elección del Parlamento, puede incentivar que el CGPJ se dedique a defender los intereses de la carrera judicial frente a las críticas externas, en lugar de actuar como un órgano de gobierno al servicio de la ciudadanía.
En la mayoría de los países de nuestro entorno, a los jueces los juzga una estructura mayoritariamente de profesionales que no pertenecen a la judicatura.
Este panorama se ve agravado por un proceso mediático que, con su polarización y titulares sentenciadores, erosiona la credibilidad institucional en lugar de fomentar un debate público informado.
La solución requiere no sólo de reformas legales valientes que aborden los problemas de eficiencia y acceso, sino también de una regeneración del contrato social entre la Justicia, los medios y la ciudadanía.
«Sin una renovación profunda, la Justicia seguirá siendo vista por muchos como un poder opaco, más cercano a las élites que a la ciudadanía, perpetuando la desconfianza en una institución clave para la democracia»
Reformas que solucionen, en primer lugar, su crisis de eficiencia. Que no es sólo una cuestión de falta de medios, sino también de gestión.
Aunque la litigiosidad ha disminuido, los asuntos pendientes han crecido, superando los 3,9 millones, y se registran retrasos inaceptables con vistas judiciales fijadas en algunas zonas para 2029. Esto vulnera el derecho constitucional a una Justicia eficaz.
Y reformas que sustituyan también una estructura organizativa obsoleta.
El modelo tradicional del juzgado unipersonal se considera obsoleto para la sociedad actual, generando falta de especialización, dispersión de medios y desigualdades en la carga de trabajo.
Las recientes reformas, como la Ley Orgánica 1/2025, intentan paliar esta situación con la creación de Tribunales de Instancia de organización colegiada para optimizar recursos. Promoción por antigüedad, no por mérito.
Aproximadamente el 90% de los puestos de promoción se asignan por escalafón (antigüedad), no por mérito o desempeño. Lo que crea un sistema que premia la inercia y desincentiva el esfuerzo y la excelencia, afectando negativamente a la calidad de las resoluciones.
Muchos medios de comunicación en España, lejos de ejercer una labor pedagógica, contribuyen a la desconfianza ciudadana. Existe una polarización muy acusada.
La línea editorial de los medios muestra un claro desequilibrio ideológico que se está agudizando, aunque hay que reconocer que mayoritariamente los españoles respaldan el papel democrático del periodismo.
Tenemos un sistema que algunos medios de comunicación manejan con mucha frivolidad, sentenciando con titulares lo que no se ha empezado a investigar en la mayoría de las ocasiones. Sería oportuno, como pasa en otros países, que no se pudieran publicar noticias de actuaciones que se están investigando por los jueces, hasta que no se señale juicio oral.
Sin una renovación profunda, la Justicia seguirá siendo vista por muchos como un poder opaco, más cercano a las élites que a la ciudadanía, perpetuando la desconfianza en una institución clave para la democracia.
*** José María De la Riva es profesor de Geografía y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.