Incapaces de orillar sus urgencias políticas, los partidos y el Gobierno han negociado el futuro de los idiomas cooficiales entre el País Vasco, Madrid y Estrasburgo, donde han planteado con desigual resultado desde el blindaje en la función pública y en las compañías vascas con facturaciones superiores a los 50 millones anuales, hasta la oficialidad europea. Presumir como ha hecho la izquierda abertzale de imponer el euskera en las relaciones entre clientes y empresarios resta entidad al supuesto logro lingüístico, arrancado al PSOE y Sumar en una ponencia del Congreso a puerta cerrada y sin el concurso de los principales destinatarios en Euskadi y Navarra.

Al menos, acota el terreno del debate. La propuesta anterior que manejaba Junts en la futura Ley de Servicios a la Clientela forzaba a Sánchez a aceptar que las grandes empresas atendieran en catalán en toda España, una medida desmesurada hasta para Gabriel Rufián (ERC), que planteó el uso del traductor de Google para desdramatizar. La norma, en todo caso, depende del partido de Carles Puigdemont, cada vez más escorado hacia «el cambio» de rumbo de la legislatura, viendo que su amnistía no llega y que el Gobierno ha dado carpetazo al catalán en la UE para evitar otro traspié -la cuestión lingüística es un avíspero en la Unión, con 50 lenguas minorizadas-. Las servidumbres de la política no deberían marcar asuntos tan sensibles como el impulso a las lenguas ni ofrecer la negativa impresión de gestionarlas a golpe de conveniencia. Ni en Madrid ni en Euskadi, donde la Diputación de Gipuzkoa, liderada por PNV-PSE, ha decidido aflojar la exigencia del euskera en 13 nuevas OPE para evitar el riesgo de que los tribunales las tumben.