España y Alemania han acordado «abrir un diálogo» para negociar la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. Esa es la noticia. Pero como muchas informaciones, necesita matices.
El anuncio llega exactamente un día después de que Junts convocara a su militancia para decidir si rompe definitivamente con el PSOE, acusando al Gobierno de incumplir los pactos de investidura.
La urgencia del timing revela la verdadera naturaleza de este acuerdo: no se trata de un avance diplomático, sino de una operación de salvamento político in extremis.
El comunicado conjunto firmado este viernes en Bruselas brilla por su ambigüedad calculada.
Berlín acepta «iniciar conversaciones bilaterales» sin comprometerse a nada concreto, sin calendario definido más allá de un genérico «a la mayor brevedad», y sin alterar su posición de fondo.
Fuentes alemanas han sido explícitas: el acuerdo «no quiere decir que hayan cambiado de posición» respecto a la oficialidad del catalán en la UE.
En otras palabras, Alemania acepta sentarse a hablar, pero no garantiza que vaya a apoyar la propuesta española. Una concesión de cortesía diplomática que le cuesta poco y que ayuda a Sánchez en su momento de máxima debilidad.
El contraste entre el discurso gubernamental y la realidad resulta elocuente. El Gobierno considera este paso «casi decisivo» y confía en que el respaldo alemán «eliminará las resistencias del resto» de Estados miembros.
Pero esta interpretación ignora deliberadamente que el cambio de posición de Alemania es más ficción que realidad. Hace apenas un mes, el canciller Friedrich Merz rechazó frontalmente la petición española en Madrid, proponiendo la IA como alternativa a la oficialidad.
¿Qué ha cambiado en estas semanas? Nada sustancial, salvo la desesperación de Moncloa ante el ultimátum de Puigdemont.
La cronología de fracasos es tozuda. Desde agosto de 2023, cuando Junts exigió la oficialidad del catalán como «pago adelantado» para apoyar a Francina Armengol en la presidencia del Congreso, el Gobierno español ha intentado en siete ocasiones sacar adelante esta promesa sin conseguirlo ni una sola vez.
Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 bajo la presidencia española de la UE.
Mayo de 2025, cuando España tuvo que retirar la votación ante la oposición de hasta diez países.
Julio, con un debate «tenso» liderado por la propia Alemania.
Y septiembre, cuando el Ejecutivo ni siquiera se atrevió a presentar la propuesta para evitar un nuevo rechazo.
El problema no es únicamente Alemania. Italia, Francia, Polonia, los países nórdicos, los Estados bálticos, Austria, Bulgaria y República Checa han expresado reservas o rechazo frontal.
Los servicios jurídicos del Consejo advierten que sería necesario reformar los Tratados europeos, algo que España niega, pero que varios países consideran determinante.
El coste estimado de 132 millones de euros anuales y el temor a sentar precedentes para otras lenguas minoritarias europeas completan un panorama de oposición estructural que un mero «diálogo» bilateral no va a resolver.
Como EL ESPAÑOL advertía en mayo pasado, la batalla por la oficialidad del catalán nunca fue sobre su viabilidad real, sino sobre su teatralización. Sánchez prometió a Junts algo que no podía cumplir; estos fingieron aceptar un compromiso que sabían inalcanzable para mantener viva la llama del independentismo.
El rédito político no estaba en la oficialidad, sino en la escenificación de la batalla por conseguirla.
El acuerdo con Alemania se inscribe en esta lógica. Le permite a Sánchez argumentar ante la ejecutiva de Junts del próximo lunes en Perpiñán que está avanzando en los compromisos. También le proporciona un titular con el que ganar unos días más de oxígeno político.
Pero no altera la realidad: la unanimidad de los 27 Estados miembros sigue siendo inalcanzable.
Como reconoció el propio secretario de Estado para la UE hace apenas unos días, el Gobierno no volverá a llevar esta cuestión al Consejo de Asuntos Generales hasta que haya unanimidad. Y esa unanimidad, simplemente, no existe.
La Unión Europea no va a convertirse en una pieza más del gobierno Frankenstein. No tiene ningún interés en colaborar con lo que es un evidente intento de Sánchez de alargar unas pocas semanas más un Ejecutivo que sobrevive con respiración artificial.
Tras siete fracasos consecutivos, este vago compromiso de «diálogo» no es un paso adelante: es la constatación de que la oficialidad del catalán nunca formó parte del pacto de investidura como un objetivo alcanzable, sino como un instrumento de distracción política.
Un instrumento que, después de dos años, ha perdido ya toda su efectividad.