Parecía imposible, pero 2025 va a terminar en blanco, sin haberse celebrado ninguna cita electoral: ni generales, ni autonómicas, ni municipales, ni europeas (las últimas fueron las catalanas de 2024). Una alineación de planetas que no se producía en España desde 2013, durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Se suponía que en 2021 tampoco iba a haber elecciones, pero finalmente hubo dos: en Cataluña en febrero y en la Comunidad de Madrid en mayo. Estas últimas, motivadas por aquella moción de censura frustrada del PSOE y Ciudadanos en Murcia cuya onda expansiva llegó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, la sequía está a punto de terminar. La reanudación del ciclo electoral está a la vuelta de la esquina, ya se percibe en el ambiente político desde que comenzó el nuevo curso. Al repique de campanas en Castilla y León y Andalucía se ha unido el de Extremadura y Aragón, donde María Guardiola y Jorge Azcón estudian los pros y los contras de llamar ya a sus ciudadanos a las urnas ante la falta de entendimiento con Vox para provocar lo que se ha venido en llamar un superdomingo de marzo. Más en el caso de la presidenta extremeña que en el del aragonés.

A favor de Guardiola juega el hecho de que el PSOE de Extremadura está grogui y su líder, Miguel Ángel Gallardo, a punto de sentarse en el banquillo (aún no hay fecha) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación del hermano del presidente del Gobierno. En el caso de Azcón, si aprieta el botón los efectos colaterales se dejarán sentir en la Moncloa.

Si Azcón decide adelantar las elecciones en Aragón, habrá efectos colaterales en el Gobierno de Sánchez

No en vano, la candidata del PSOE de Aragón es la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Si ésta tiene que abandonar el Gobierno antes de tiempo, ello podría precipitar la remodelación que en el PSOE llevan tiempo pidiéndole a Pedro Sánchez. Sobre todo, para que salga al fin la vicepresidenta María Jesús Montero, porque su doble condición de ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía está provocando ciertas disonancias de mensaje.

Parte de la nueva normalidad

Los adelantos electorales en las comunidades han pasado de ser una excepción a parte de la nueva normalidad política. Se han convertido en un botón rojo que pulsar ante situaciones de ingobernabilidad motivadas por la fragmentación del voto y, además, en un cartucho más de todo el arsenal con el que cuentan los partidos para su estrategia nacional. Aunque Alberto Núñez Feijóo insiste estos días en que sus barones tienen autonomía para decidir cuándo convocan elecciones, como la tuvo él -argumenta- cuando era presidente de la Xunta.

Cuando se alumbró el Estado de las Autonomías, solo Cataluña, Galicia, el País Vasco y Andalucía reconocieron en sus estatutos la potestad de sus presidentes de disolver sus respectivos parlamentos y adelantar las elecciones. Las demás comunidades, las llamadas de «vía lenta» (por la forma en que accedieron a la autonomía), quedaron sujetas a un mismo calendario. En todas ellas las elecciones autonómicas serían el cuarto domingo de mayo, cada cuatro años, y coincidiendo con las municipales.

Sin embargo, a medida que las 13 comunidades restantes fueron reformando sus estatutos de autonomía a partir de mediados de los 90, todas ellas incorporaron la competencia para que sus presidentes regionales pudieran disolver anticipadamente. Aunque con dos modelos distintos.

En la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia, aunque hubiera adelanto, después tendría que haber otras elecciones al término natural de la legislatura ordinaria, en este caso en mayo de 2027. No obstante, en ninguna de las seis es probable. Ayuso en Madrid, Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y Gonzalo Capellán en La Rioja tienen mayoría absoluta. En Murcia, Fernando López Miras consiguió aprobar los Presupuestos en julio con la abstención de Vox. En Cantabria, María José Sáenz de Buruaga lleva dos Presupuestos aprobados esta legislatura -los de 2024 y 2025- con la ayuda del PRC de Miguel Ángel Revilla y, aunque parece que no habrá un tercero, la presidenta considera que puede prorrogar los de 2025 para lo que queda.

En cambio, en Aragón y Extremadura, si se produce adelanto el mandato salido de las urnas es para cuatro años, y no hasta que colisione con la legislatura ordinaria. Y en esa misma modalidad estatutaria se encuentran Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra y Canarias. En el caso de las islas, hace unos meses se habló de la posibilidad de un adelanto, pero el Gobierno de Marga Prohens consiguió en julio aprobar sus cuentas con el apoyo de Vox, así que las aguas han vuelto a su cauce. «La realidad de Extremadura no tiene nada que ver con la de Baleares», señaló este viernes el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa.