Esta singularidad estatutaria invita a plantear, al hilo de este aniversario, algunas consideraciones sobre su significado y las perspectivas del autogobierno en el momento actual ante el próximo futuro. Más concretamente, sobre la conveniencia de seguir manteniendo esta singularidad sin necesidad de modificar nuestro texto estatutario o, por el contrario, abogar por la necesidad de abrir un proceso de cambios en nuestro sistema de autogobierno para que responda mejor a las necesidades actuales de la ciudadanía vasca.

Partiendo de la premisa de que la realidad es cambiante, lo que es aplicable también a las normas jurídicas, incluidas las estatutarias y las constitucionales, lo primero que hay que determinar antes de emprender un proceso de cambios normativos e institucionales a este nivel son los términos en los que se plantea el proceso que conduzca a las metas que se pretenden alcanzar y precisar cuáles son estas. Interesa conocer en qué consisten las modificaciones concretas a introducir en el modelo de autogobierno existente o, en el caso de que se trate de implantar un modelo enteramente nuevo, cuáles serían los elementos que lo configurarían.

Si bien las posiciones reactivas a todo cambio normativo, especialmente el estatutario, comportan un riesgo de anquilosamiento institucional que impide la adaptación a las nuevas realidades que surgen con el tiempo –la sociedad vasca de 2025 no es la misma que la de hace 46 años, en 1979–, la invocación de la necesidad de cambio, sin más, si no va acompañada de una determinación de las alteraciones concretas que se pretenden llevar a cabo, tampoco conduce a ninguna parte. En estas condiciones, que en buena medida son las que se están dando en este momento, resulta difícil entrar en un debate realmente provechoso para avanzar en la calidad del autogobierno.

No está de mas tener en cuenta las experiencias de cambios estatutarios en otros lugares, tanto las que se han limitado, en la mayoría de los casos, a modificaciones puntuales y parciales como, en especial ya que son las que plantean mayores problemas, las que han optado por reformar por completo el texto estatutario –Valencia y Cataluña en 2006; Andalucía y Aragón en 2007–. En ninguno de los casos, tampoco cuando como en estos últimos se ha optado por la elaboración de un nuevo texto con derogación expresa del anterior, puede afirmarse que el resultado haya sido la instauración de un régimen de autogobierno enteramente nuevo y cualitativamente distinto del que se venía ejerciendo.

Sin caer en posiciones de rechazo a toda propuesta de introducir modificaciones en el régimen autonómico, conviene también hacer un sano ejercicio de relativización sobre los cambios ya que, como los hechos demuestran, no hay una correlación directa entre estos y el nivel de autogobierno que se ejerce. Nadie puede sostener que Euskadi, sin haber modificado nada en 46 años, tiene un nivel de autogobierno inferior al de cualquier otra comunidad (todas las demás) que han modificado en varias ocasiones su texto estatutario.

Nuestro Estatuto prevé la posibilidad de introducir cambios en el régimen de autogobierno que establece. Pero más que entablar encendidas polémicas (en este asunto las polémicas siempre son muy encendidas) sobre la inexorable necesidad del cambio o el total rechazo, sería útil centrarse en qué aspectos concretos habría que introducir para mejorar la calidad del autogobierno. O, si se trata de cambiar el modelo, explicitar cuáles serían los elementos configuradores del nuevo. Y, en todo caso, sería necesario contar con un grado de respaldo en la ciudadanía, que en un asunto como este ha de ser transversal, que no sea inferior al obtenido cuando hace ahora 46 años se aprobó el actual Estatuto.