Hasta tal punto llega el grado de anestesia que, por ejemplo, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana anunció públicamente hace unos días (y con orgullo) que se comprometía a que los informes del cribado de cáncer de mama se entregarán en menos de treinta días.

Treinta días para informar sobre una prueba que te ha llevado meses hacer. Como si estuviésemos ante un logro inalcanzable.

Como si prometer que te dirán el resultado en un mes fuera un estándar razonable de calidad asistencial.

Para ponernos en un contexto real, basta con recordar que según el informe de Resultados Sanitarios, el informe RESA, de la Fundación IDIS, el tiempo medio para la entrega de informes tras la realización de una prueba de radiología complementaria en el sector privado ronda los tres días.

Y no creo que las máquinas estén menos llenas que en el sector público ni que la ratio de profesionales por máquina sea superior en el sector privado que en el público.

Al contrario, de hecho.

En cualquier caso, esto debe ser la punta del iceberg. Porque, al destaparse esta situación, otras comunidades han anunciado que van a reforzar el control de los cribados para el screening de los tres únicos tipos de cánceres que se hacen en nuestro sistema sanitario público: el de mama, el de colon y el de cérvix.

Hoy, los datos oficiales del Ministerio de Sanidad dicen que un paciente español espera ciento cinco días de media para ser atendido por primera vez por un especialista tras ser derivado desde su médico de atención primaria.

«Estamos hablando de casi diez meses (a veces más de un año) para que un paciente llegue al diagnóstico certero definitivo que le permita iniciar su tratamiento»

Pero la realidad no acaba ahí.

Porque, después de esa consulta inicial, se espera entre dos y seis meses más para que te hagan las pruebas diagnósticas que el especialista solicita.

Tras lo visto en Andalucía, ahora sabemos que a ello se pueden sumar hasta noventa días adicionales para que, simplemente, alguien te informe sobre esas pruebas.

Sumemos: ciento cinco días + ciento veinte días + noventa días.

Estamos hablando, si todo está bien y no son necesarias más interacciones asistenciales, de casi diez meses (y en no pocas zonas, de más de un año) para que un paciente llegue al diagnóstico certero definitivo que le permita iniciar su tratamiento.

En muchos cánceres, eso es la diferencia objetiva entre tratar a tiempo y llegar tarde.

Y lo más duro no es la cifra. Es la reacción social: cero conmoción.

Cero urgencia.

Cero alarma, salvo para exigir más dinero para la Sanidad pública sin pedir en contrapartida ningún resultado, por supuesto.

O para clamar contra el fantasma de la ayuda que pueda prestar el sector privado bajo la excusa de la “privatización” del sistema.

De hecho, mientras esto ocurre, la conversación pública va por otros derroteros.

Esta misma semana hemos visto un enfrentamiento corporativista entre los Consejos de Médicos, Enfermería y Dentistas por ver quién puede o no puede infiltrar bótox.

A los sindicatos anunciando huelgas para diciembre como táctica de presión al Ministerio de Sanidad, a costa de los pacientes, cuyas organizaciones reaccionan con una condescendencia infinita.

También hemos visto reaparecer debates políticos sobre el aborto y sobre supuestos registros ideológicos de profesionales.

Perdonen, pero esto es distópico. Porque, además, seguimos fingiendo que todo esto es inevitable. Como si no hubiera soluciones ya disponibles y desplegables.

Como si seguir esperando fuera la única opción realista.

Y no, no lo es.

Porque, mientras los hospitales públicos se ahogan, la sanidad privada en España tiene capacidad de diagnóstico disponible hoy, aquí y ya, con radiólogos que informan entre 24 y 72 horas después, con quirófanos, con tecnología, y con especialistas perfectamente homologados y auditados.

«Si de verdad hubiera una estrategia seria de IA, hoy mismo podríamos reducir los tiempos de lectura radiológica en un 60-70% y priorizar los casos sospechosos»

Y lo paradójico es que muchas administraciones renuncian voluntariamente a contratar ese apoyo por puro miedo ideológico. Por el ruido social. Aunque la Constitución, la Ley General de Sanidad y toda la normativa les habilite expresamente para hacerlo.

De hecho, mientras en algunas comunidades autónomas cercanas al PP no quieren ni siquiera oír hablar del tema por el que dirán, en las que gobierna el PSOE no se tiene reparo alguno en utilizar los recursos privados para el screening o para lo que sea necesario.

Y luego está el otro gran término mágico de moda: Inteligencia Artificial.

Un término que se pronuncia con solemnidad en cada rueda de prensa, pero que en la práctica no está siendo implementado donde más impacto tendría: en el triaje inteligente de pruebas diagnósticas, en la priorización clínica algorítmica, en la lectura asistida de mamografías, en la detección automatizada de nodos sospechosos que ya es estándar en otros sistemas sanitarios avanzados y que si bien no alcanza todavía los niveles de precisión ideales (hay mucha resistencia al cambio) algo podría aportar frente a las esperas infinitas.

Si de verdad hubiera una estrategia seria de IA para estos casos, hoy mismo podríamos reducir los tiempos de lectura radiológica en un 60-70% y priorizar automáticamente los casos sospechosos.

También para permitir que el especialista valide (no que lea desde cero) esas alertas.

Pero en lugar de eso lo que se propone es «contratar cientos de radiólogos» que, sencillamente, no existen.

El ciudadano no sabe si hay más o menos oferta. Sólo quiere tiempos máximos garantizados reales, como ya ocurre en muchos países europeos. Aquí seguimos midiendo «personas en lista», no tiempo diagnóstico-tratamiento real.

Y lo que no se mide bien, no se gobierna bien.

Hasta que no midamos desde que se detecta el problema hasta que empieza el tratamiento, seguiremos contando una mentira estadística aceptada colectivamente.

Todo esto se podría hacer ahora, sin esperar más tiempo.

Y entonces ¿por qué no se hace?

Porque este país ha convertido el debate sanitario en un ritual ideológico y sindical permanente donde se sospecha de cualquier propuesta que implique eficiencia, externalización o priorización clínica basada en datos (porque va en contra del modelo de gestión más ineficiente que existe, el Estatuto Marco).

Y porque, seamos honestos, la mayoría de los partidos han llegado a la conclusión de que la espera no penaliza electoralmente. Nadie sale a protestar porque le den un diagnóstico tres meses tarde. La espera es silenciosa. Y lo silencioso no da votos ni titulares.

No quiero cerrar llamando a la épica ni al apocalipsis. Prefiero dejar la pregunta que realmente importa.

España no tiene un problema de recursos imposibles, ni de tecnología inaccesible, ni de leyes que impidan hacer lo que se debe hacer.

Tiene un problema de voluntad real de usar lo que ya tiene (o lo que estaría a su alcance).

Y tiene un problema de falta de coraje político para enfrentarse a quien sólo pretende que todo funcione como hasta ahora, al precio que sea.

Así que la cuestión no es si se puede, porque se podría mañana mismo.

La pregunta urgente en España no es quién puede pinchar bótox o no. Que por cierto lo deberá hacer quien sepa, porque es un asunto menor.

La pregunta urgente es ¿cuánta gente va a morir por llegar demasiado tarde a su diagnóstico mientras seguimos debatiendo lo irrelevante?

*** Juan Abarca es presidente de HM Hospitales.