Si hace unas semanas hablábamos del mal francés porque se veía venir que la oposición política y sindical iba a tirar la propuesta del entonces primer ministro para recortar el déficit y la deuda, ahora la situación se ha complicado aún más. Aquel gobierno que advirtió, con toda la razón, del desequilibrio presupuestario y el problema de las cuentas públicas del país, y que propuso medidas radicales de ahorro, ya cayó. Y quienes lo sustituyeron intentaron mantener algo del espíritu con una reforma de pensiones pero… también fracasaron y, ante la posibilidad de la caída de un nuevo primer ministro, el presidente Macron mantuvo a Sébastien Lecornu que no pudo hacer otra cosa, para no ser expulsado por el Parlamento, que retirar también ese último intento de reducir el enorme gasto público.

Lecornu es un político joven (39 años) pero está demostrando, una vez más, el poder de la gerontocracia que tanto daño está haciendo al estado del bienestar europeo. Algo por lo que merece la pena luchar pero que, precisamente por ello, hay que conseguir que sea financieramente sostenible. Y no es posible (y es algo matemático, no una opinión) seguir subiendo el coste de las pensiones a este ritmo si la proporción de jubilados respecto a la de trabajadores sigue aumentando. No es posible que la cantidad de dinero que aporta la población activa cubra las necesidades de la población pasiva si ésta crece a la velocidad que lo hace, tanto en número como en salarios.

Es fácil de entender y no es una cuestión ideológica. El gasto en pensiones, sumado al gasto en sanidad (que, por desgracia, es más usada cuantos más años tenemos, por lo que el envejecimiento poblacional le añade un mayor “consumo”), no deja de crecer en detrimento de otras necesidades sociales como la vivienda.

Esto perjudica claramente a los más jóvenes, y tampoco es un tema de lucha generacional, es una cuestión de prioridades de nuestros políticos. Los votos (y esto es común a toda la Europa envejecida) de los pensionistas han llevado a que tomaran decisiones a su favor que son un riesgo financiero enorme. Para poder paliar parte del desequilibrio que provocan, en España el hoy gobernador del banco de España implementó una tasa (claramente insuficiente, además) injusta que obliga a los trabajadores a aportar todavía más para las pensiones.

Más empleo, más inmigrantes

En España, el garantizar que todas las pensiones suban cada año con el IPC, algo que casi nadie tiene asegurado, ni siquiera otros asalariados del Estado (como los funcionarios), amplía la brecha y, como cada vez hay más jubilados, el déficit crece. Hay quien cree que esto se soluciona sólo aumentando la población activa con mayor número de trabajadores. Excelente solución si fuera factible porque eso sólo se consigue con la creación de muchos puestos de trabajo y una llegada masiva de emigrantes jóvenes dispuestos a realizarlos.

Eso es una fantasía ya que no se detecta por ninguna parte en qué sectores se van a crear y tampoco tiene sentido ampliar la población sin ellos… y sin viviendas donde puedan residir, otro problema acuciante que sólo se solucionaría con mayor construcción residencial, algo que tampoco se plantea.

España, el país con mayor desempleo de Europa y una deuda pública que supera al PIB, pretende, para garantizar el voto de los jubilados, seguir subiendo el coste de las pensiones públicas confiando en que los cotizantes, que cada vez tienen menor poder adquisitivo, aporten más y más fondos. Y, para ello, el gobierno pretende aumentar el número de trabajadores aunque eso sólo sería posible si mejorara la productividad (que no lo hace), encontráramos sectores económicos nuevos (que tampoco, y los tradicionales como el turismo ya han ralentizado su crecimiento) y viniera una enorme cantidad de emigrantes (que, más allá de choques culturales, tampoco tienen dónde residir). Es decir, aborda un problema muy grave envuelto en fantasías irrealizables.

Edad de jubilación

Con el tiempo es posible que en Europa mejoremos nuestra productividad, nos enganchemos a algún tipo de revolución tecnológica (la IA parece que no será) que abra nuevas vías de empleo y ampliemos puestos de trabajo y con ello el número de cotizantes pero a corto plazo, sólo hay una solución para poder mantener el estado del bienestar actual: reducir gastos y aumentar ingresos. Lo segundo, asfixiados como estamos con la presión fiscal, sólo se puede conseguir con algún tipo de copago sanitario que tampoco sería la panacea pero para lo primero hay muchas posibles medidas efectivas: alargamiento de la edad de jubilación (algo que ya está pasando pero a mucha menor velocidad que el aumento de la esperanza de vida), reducción del coste en pensiones, eliminar deducciones a jubilados…

Con lo primero sólo estaría de acuerdo si el nuevo pensionista no hubiera cotizado un alto número mínimo de años pero alargarle la vida laboral a alguien que lleva, por ejemplo, 40 años cotizados (excluyendo tiempo en el desempleo), me parece injusto. Lo segundo es sencillo: reducir las pensiones máximas, eliminar la revalorización en base al IPC y establecer un máximo del gasto en pensiones estableciendo una relación matemática entre cotizantes y receptores para que no ocurra un grave desequilibrio si viene una crisis y se dispara la tasa de paro, por ejemplo.

Y en cuanto a eliminar deducciones para jubilados, es obvio que el grupo que más mejora poder adquisitivo no debería tener descuentos de ningún tipo (ni en transportes ni en recetas, por poner dos ejemplos). Pero como el gobierno (o el alcalde o el presidente autonómico) que tome estas decisiones valientes sabe que no saldrá reelegido (lo hemos visto en Francia), la paradoja será que el actual sistema democrático europeo (pensado como el mejor para el bienestar de la población) provocará la quiebra del estado del bienestar. Una pena.