No puede decirse que Pedro Sánchez haya salido reforzado de la bronca comparecencia de este jueves ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo.
Porque en ningún momento de las más de cinco horas de interrogatorio en el Senado el presidente del Gobierno ha sonado convincente en sus sucedáneos de explicaciones.
El continuo recurso al volumen de legajos que traía preparados para responder a las preguntas que le formulaban los senadores, lejos de transmitir seguridad, ha trasladado una imagen de evasión constante. Lo cual sólo refuerza la sospecha de que tiene mucho que ocultar.
El presidente ha intentado esquivar incluso las respuestas que exigían una respuesta monosilábica. Y sólo a fuerza de insistencia la senadora de UPN ha conseguido arrancarle la confesión de que «en alguna ocasión» había liquidado gastos en efectivo al PSOE, «siempre contra factura y justificante».
El cometido de esta comisión sólo podía ser determinar las responsabilidades políticas in eligendo e in vigilando de Sánchez para con las conductas presuntamente delictivas Ábalos y Cerdán.
Pero estas son tan palmarias que al presidente no le ha quedado otra opción que diluirlas en cháchara. Y por eso han resultado demasiado toscas sus guionizadas réplicas, y sus mitineros intentos por defenderse atacando al PP y descalificando a la «comisión de difamación».
Aun así, es cierto que ni siquiera el exhaustivo tercer grado al que le ha sometido el PP ha logrado el objetivo que probablemente perseguía: desestabilizar a Sánchez para sorprenderle en un balbuceo o en alguna contradicción.
Pero sí que ha forzado al presidente, al menos, a verbalizar algunas afirmaciones que le convierten en rehén de sus palabras, en el caso de que puedan verse luego desmentidas por nuevas informaciones o por el desarrollo de la investigación en los tribunales.
Sánchez sabe que en virtud del artículo 502.3 del Código Penal, mentir en una comisión parlamentaria de investigación es constitutivo de delito. Por lo que de negar categóricamente alguna de las acusaciones que se le han dirigido, podría afrontar una sanción penal si luego se revelasen verdaderas.
La forma de zafarse de esta obligación legal de declarar la verdad, que no castiga las evasivas, es precisamente el recurso a los circunloquios en los que se ha amparado el presidente constantemente.
Sánchez ha recurrido más de una veintena de veces a fórmulas como «no me consta», «no recuerdo», «no lo sé», o «no tengo información».
Lo ha hecho a propósito de preguntas como cuándo cobró en metálico por última vez, si fue avisado de las andanzas de Ábalos con Koldo antes del estallido del caso, si la empresa de las saunas de su suegro donó dinero a las primarias de 2017, si Santos Cerdán asistió a reuniones sobre obra pública en Navarra, si se amañaron contratos, si Leire Díez trabajó para el partido, o si ha intercambiado mensajes con Aldama.
Pero junto a esta alegación de desconocimiento también ha pronunciado algunas negaciones. Como que desconocía «los aspectos personales de Ábalos» relacionados con la prostitución o que pesaban sanciones de la UE sobre Delcy Rodríguez. Y ha afirmado también que su mujer no tuvo ninguna intervención en el rescate de Air Europa, y que en su partido no existe financiación irregular.
La comisión de investigación no ha servido para despeinar a Sánchez. Pero sí ha expuesto al presidente a quedar desacreditado en el caso de que se acabe demostrando que sí estaba al corriente de algunos de los aspectos que ha asegurado desconocer, o de que se revele verdadero lo que ha tildado de falso.