García Ortiz, que se enfrenta a entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce de inhabilitación por tres delitos -revelación de secretos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos-, afronta hasta el 13 de noviembre el escrutinio de los siete magistrados que componen el tribunal de la Sala Segunda (Penal) del Supremo, una vista que está programada en seis sesiones.

El órgano juzgador está comandado por el veterano Andrés Martínez Arrieta, recién elegido presidente de esta sala, y la ponente de la sentencia será su compañera Susana Polo, de sensibilidad progresista y quien ya se pronunció en su momento a favor de abrir una causa penal al fiscal general en octubre de 2024. Lo hizo, no obstante, con matices sobre el fondo de la presunta revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y procesado, a su vez, por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental por un juzgado de Madrid.

En la primera sesión de hoy está previsto que se desgranen las denominadas cuestiones previas, en las que las partes podrían pedir nuevas pruebas o avanzar, en el caso de las defensas, la reclamación de alguna nulidad derivada de la fase de instrucción. Tras este trámite comenzarán las declaraciones testificales (el fiscal general ha decidido intervenir en último lugar, el 12 de noviembre). Cuatro son los subordinados de García Ortiz que comparecen en la primera tanda matinal: Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra y Diego Villafañe. En la vista, la Fiscalía no acusa a su superior

El testimonio de Salto se antoja fundamental para el devenir de la vista oral. Él fue quien intercambió correos con Carlos Neira, abogado del comisionista González Amador, en los que éste se abría a pactar librarse de penas de cárcel a cambio de reconocer los delitos fiscales. «En ese correo no hay ninguna información privada, no hay ningún secreto. Es simplemente una toma de negociaciones», declaró ante el instructor Ángel Hurtado, quien mandó a juicio a García Ortiz por la supuesta filtración del ‘mail’ que Neira envió a Salto el 2 de febrero de 2024 planteando el acuerdo de conformidad.

Salto detalló que entabló contacto con Neira en tres ocasiones. A través de un primer correo, en respuesta al ya mencionado, el 12 de febrero; de forma presencial el 15 siguiente, durante un encuentro casual en los juzgados de Madrid; y otra más, el 12 de marzo, cuando el fiscal le escribió un ‘email’ para informarle de que ya se había presentado la denuncia.

Al día siguiente este fiscal tuvo que abandonar precipitadamente un partido del Atlético de Madrid cuando su jefa provincial, Pilar Rodríguez, le pidió explicaciones a instancias de García Ortiz sobre estas negociaciones tras estallar el caso. Lo hizo, ha declarado ya, «en cumplimiento de una orden legítima para saber qué había pasado».

Precisamente, Rodríguez, que llegó a estar investigada en la causa pero no fue procesada, se convirtió en el enlace entre Salto y García Ortiz tras la dación de cuentas reclamada por este para desmentir determinadas informaciones publicadas sobre este acuerdo extrajudicial. Informaciones que plasmaban «el bulo» que estaba extendiendo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Ayuso, sobre que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto a González Amador cuando era al revés.

La tesis del acceso masivo

La fiscal provincial negó en fase de instrucción haber filtrado el correo remitido por el abogado Neira a Salto y se escudó en que antes de que el ‘email’ se revelara a los medios 571 personas del entorno de la Fiscalía habrían podido tener acceso al expediente y 60, al correo de su letrado antes de que se revelara, ya que este lo envió a una dirección genérica de la unidad de delitos económicos.

Diego Villafañe, responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y quien también estuvo investigado, testificará hoy con la intención de reiterar que fue él quien reclamó a Pilar Rodríguez el expediente de González Amador el 6 de marzo de 2024. Lo atribuyó a que su departamento tiene la competencia para ordenar a los fiscales que informen cuando investigan un caso relevante. Que el novio de Ayuso estaba siendo investigado por fraude saltó a la prensa seis días después.

La Fiscalía de Madrid había denunciado a la pareja de Ayuso el 5 de febrero, pero no se lo comunicó a la Fiscalía General, que tuvo conocimiento de ese escrito por un periodista que llamó el 7 de marzo para preguntar por una investigación relativa a la empresa de González Amador.

Finalmente, también comparece hoy la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Almudena Lastra podría comprometer la defensa de García Ortiz porque discrepó con él sobre la nota de prensa difundida el día 14 por la institución para desmentir «el bulo» de Miguel Ángel Rodríguez. Ha declarado que esa mañana preguntó a su jefe: «Álvaro, ¿has filtrado la nota?». Aunque más tarde dijo que le interpeló por «los correos». Un matiz sustancial que deberá aclarar en el juicio porque es la base de la presunta revelación de secretos. García Ortiz atribuye a Lastra «desafecto» hacia la cúpula fiscal.