Durante décadas Europa se ha beneficiado del dividendo de paz tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el desmantelamiento de la URSS en 1991. Hemos prosperado sobre la base de una energía barata suministrada por Rusia, un mercado chino en expansión que absorbía nuestros excedentes de producción y la delegación de nuestra defensa en los Estados Unidos. La edad de la inocencia ha terminado: el petróleo y el gas ruso han dejado de fluir; los chinos sustituyen las importaciones por producción nacional y Washington ha dejado de ser un aliado fiable. Europa no tiene opción. Si queremos mantener la paz en el continente tendremos que hacerlo nosotros. En palabras del comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, «no podemos quejarnos de que 340 millones de estadounidenses no quieran defender permanentemente a 450 millones de europeos frente a 140 millones de rusos. Necesitamos hacer nuestro trabajo».

Por paradójico que resulte, el primer intento de unificación política del continente fue la cooperación militar: la Comunidad Europea de Defensa (CED), que nunca entró en vigor por la oposición al proceso de integración de gaullistas y comunistas. El colapso de la vía militar arrastró al proyecto de la Comunidad Política Europea (CPE). Ante el fiasco, se optó por la integración de los sectores económicos, el mercado interior y, más tarde, la moneda única. La política exterior y la de seguridad se relegó a los Estados miembro, hasta que el Tratado de Maastricht consagró la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), pero sin contemplar la de defensa, la evidencia más clara de la soberanía nacional; hasta que el Tratado de Lisboa introdujo la Política de Seguridad y Defensa (PCSD).

Europa se enfrenta hoy a múltiples amenazas: el cambio climático, el tecnológico y las migraciones; la competencia estratégica desde el Ártico hasta el Báltico pasando por Oriente Medio y el norte de África y a la confrontación entre nuevos y viejos actores: China compite con Estados Unidos; Rusia aspira a redefinir el mapa europeo y emergen nuevos actores que abogan por un nuevo orden internacional (India, BRIC…). Por si fuera poco, se multiplican las democracias iliberales nacionalistas y autoritarias. El orden internacional liberal sujeto a normas está a punto de desaparecer para ser sustituido por otro con más actores internacionales decisivos y enfrentados. A la fuerza, los europeos nos hemos convencido de la necesidad de establecer una política de seguridad común para no caer en la irrelevancia.

Fragmentación y polarización definen un futuro en el que Europa deberá marcar una postura común con Estados Unidos respecto a China, en especial, de las tecnologías de doble uso; redefinir las relaciones trasatlánticas, asumiendo que los americanos se centrarán en su rivalidad con China, y mejorar nuestras capacidades militares para crear una industria menos dependiente de Washington, porque no podemos defendernos sin su ayuda, pero tampoco es razonable que el 80 por ciento de nuestras compras militares se dirijan a ellos. Es imprescindible crear una arquitectura de seguridad y una industria europea de defensa. Los Estados tienen el deber de proteger los valores democráticos frente a amenazas como el ciberterrorismo, la desinformación o las presiones geopolíticas.

El peso militar de Europa no se corresponde con el económico. En 2023 el gasto mundial en defensa ascendió a 2.718 millardos. El primer inversor fue Estados Unidos, con 916 millardos, el 37,5 por ciento del total seguido de China, con 296 millardos (12 por ciento), la Unión Europea, que invirtió 293 millardos (10 por ciento), y Rusia, con 109 millardos (5,9 por ciento). El problema de Europa no es tanto de nivel de gasto sino de eficiencia: la fragmentación de los mercados dificulta la economía de escala y eleva los costes de producción. Para ejemplificarlo, mientras los Estados Unidos tienen un solo modelo de tanque y tres de blindados, la Unión Europea tiene diecinueve y veintitrés, respectivamente. No estoy diciendo que España deba incumplir el compromiso acordado en la cumbre de La Haya. No. No podemos olvidarnos de que a España le interesa mucho la defensa de la frontera sur del continente. Además, en Europa los ‘free riders’ no están bien vistos.

La autonomía estratégica no se agota en una política común de defensa y en unas Fuerzas Armadas coordinadas: exige una industria moderna y preparada y, sobre todo, autónoma, porque la carencia de recursos propios nos hace vulnerables. Hay que gastar más, pero también mejor para corregir nuestras debilidades: fragmentación, falta de interoperabilidad entre sistemas, lentitud en la innovación tecnológica, escasez de mano de obra cualificada y, sobre todo, una fuerte dependencia del exterior, principalmente de EE.UU. Necesitamos invertir en una industria genuinamente europea.

En el caso de España, la industria de defensa, además de ser estratégica para nuestra economía, es un eje imprescindible para la generación y mantenimiento de las capacidades militares de nuestras Fuerzas Armadas. Disponemos de grandes compañías tractoras (Indra, Airbus Defence and Space, Navantia e ITP Aero) con el músculo suficiente para competir y beneficiarse de los fondos europeos. Somos punteros en ámbitos como mando y control, construcción naval, defensa aérea y conocimiento del dominio espacial, lo que denota un alto grado de especialización y de compromiso con la I+D. Gracias a ellas podríamos consolidarnos como un referente industrial en Europa, desarrollando capacidades propias y atrayendo inversión en sectores estratégicos. Para ello necesitamos de una estrategia industrial sólida ligada a la europea y a la OTAN, una financiación estable y cooperación entre empresas. Respecto a la percepción de la calle, una encuesta elaborada por Tedae y GAD3 recoge que seguridad y defensa son la tercera prioridad, por detrás de la estabilidad económica y el acceso a la vivienda. Este progresivo interés se enmarca en ese contexto de preocupación por los desafíos globales, como los conflictos armados, el cambio climático, los ciberataques o los desastres naturales.

Un último apunte para hablar del embargo de armas a Israel, aprobado en nuestro país. Las estimaciones concluyen que afectará a menos del 0,06 por ciento de las exportaciones de defensa de España, a diferencia de su relevancia en lo que hace a las importaciones; porque lo cierto es que Israel no recurre a España para sistemas críticos, mientras que España ha comprado o integrado productos o tecnología israelí, como licencias, misiles, protección balística, F-5, anticarro, radios tácticas, inhibidores de explosivos, sistemas de lanzacohetes, comunicaciones…. Por lo que el real decreto, además de ser inoportuno, en los umbrales de un preacuerdo de paz, tiene efecto ‘boomerang’, porque su principal coste recaerá en España, en un momento en el que Marruecos se ha convertido en un aliado estratégico de los Estados Unidos y se está rearmando a ritmos acelerados.