La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana abre un escenario político de evidente fragilidad en una comunidad que atraviesa su peor crisis en décadas.
Un año y cinco días después de la catastrófica dana que segó la vida de 229 personas, Valencia necesita estabilidad institucional, liderazgo político efectivo y, sobre todo, coherencia por parte de quienes dicen representar el interés general.
La pregunta que se plantea ahora es si Vox estará a la altura de sus propias declaraciones o, una vez más, antepondrá el cálculo electoral a la responsabilidad de Estado.
Santiago Abascal compareció este lunes en Plasencia con un discurso ya habitual en su partido: Pedro Sánchez es el único culpable de la tragedia, el PP entrega «un chivo expiatorio» al Gobierno con la dimisión de Mazón, y Vox no moverá ficha hasta que los populares «se aclaren».
Pero sus propias palabras contienen la clave de lo que debería ser su decisión.
Si, como afirma, Sánchez y su Gobierno son los verdaderos responsables de la dana por negar ayuda internacional y bloquear infraestructuras hidráulicas, la lógica más elemental exige que Vox facilite cuanto antes la investidura de un nuevo presidente del PP que pueda hacer frente a esa negligencia gubernamental y la consiguiente reconstrucción de las zonas afectadas.
La aritmética parlamentaria es implacable. El PP tiene cuarenta diputados en Les Corts y Vox, trece. Sin el apoyo de la formación de Abascal, Valencia se precipitará hacia unas elecciones anticipadas que nadie, salvo quizá el propio Sánchez, desea en este momento.
La alternativa no es aceptable. Que Mazón permanezca cinco meses más como presidente en funciones, con el gobierno autonómico bloqueado, si no se alcanza un acuerdo de investidura en el plazo legal.
Ambos escenarios son sencillamente inadmisibles para una comunidad que necesita liderazgo efectivo, presupuestos para la reconstrucción y una respuesta institucional sólida ante la magnitud de la tragedia.
Vox ha construido su identidad política sobre la crítica feroz al «tacticismo» del PSOE y la supuesta cobardía del PP. Ha denunciado el «terrorismo climático» de las políticas verdes europeas y ha responsabilizado directamente a Teresa Ribera y al Gobierno de Sánchez de multiplicar los efectos devastadores de la dana.
Si todo ello es cierto, y Vox se lo cree de verdad, su obligación moral es facilitar un Gobierno alternativo en Valencia que pueda revertir esas políticas y exigir al Estado central la ayuda que, según Abascal, ha escatimado.
Bloquear ahora la investidura de un presidente del PP sería reconocer implícitamente que su discurso es pura retórica electoral, vacía de contenido y desprovista de compromiso real con los valencianos.
El argumento esgrimido por Abascal de que esperará a que el PP «se aclare» sobre su candidato es una cortina de humo. Lo relevante no es quién sea el sucesor de Mazón (se habla de Pérez Llorca, pero también de Catalá o Mompó), sino que exista cuanto antes un gobierno plenamente operativo.
Vox presume de defender «ideas, no personas». Pues bien, si esas ideas pasan por combatir las políticas del Gobierno de Sánchez, por apoyar a las víctimas de la dana y por garantizar la reconstrucción de Valencia, la única posición coherente es votar a favor del candidato que proponga el PP.
Cualquier otra decisión revelaría que, para Vox, el oportunismo político pesa más que la responsabilidad institucional.
La situación, además, es demasiado grave como para permitirse el lujo de juegos tácticos. Las víctimas de la dana merecen un gobierno que trabaje día y noche en la reconstrucción, no cinco meses más de interinidad o una campaña electoral que paralizaría toda gestión efectiva.
El propio Estado de derecho exige que los partidos actúen con altura de miras cuando las circunstancias lo demandan.
El PP tiene, desde luego, la obligación de proponer un candidato solvente, capaz de recuperar la confianza perdida tras la crisis generada por Mazón. Pero Vox tiene, si cabe, una responsabilidad aún mayor: demostrar que sus proclamas no son sólo retórica incendiaria para galvanizar a su electorado, sino un compromiso real con la gestión política.
Facilitar la investidura de un nuevo presidente no es hacer «la comparsa del PP», como sugirió el ministro Óscar Puente, sino ejercer la responsabilidad que conlleva tener trece diputados en Les Corts.