La dimisión de Carlos Mazón, que será operativa cuando verosímilmente PP y Vox elijan un sustituto, es ya de entrada un acto de dignidad política, inusual en un país encabezado por un presidente aferrado al poder y sin asumir ninguna responsabilidad por los múltiples escándalos, sumarios, juicios e investigaciones que le colocan en una situación insostenible, agravada por su galopante falta de mayoría parlamentaria.

En el momento en que un político asume su salida y se hace cargo de sus errores, ha de reducirse la presión sobre él, agradecer el gesto sin alharacas y preguntarse quién más debería seguir su camino, que en el caso que nos ocupa daría para un largo listado. Porque Mazón se va por sus errores, silencios y contradicciones en los momentos clave, pero puede estar razonablemente satisfecho de dos cuestiones: su denodado esfuerzo por cerrar las heridas provocadas por la dana y su dimisión al constatar la crispación que generaba su continuidad.

No pueden decir lo mismo los demás, burdos inductores de una cacería política con objetivos electorales que no ha dudado en explotar, una vez más, un drama con horribles consecuencias en vidas segadas y destrucción masiva de municipios e infraestructuras. Porque si de verdad les moviera la Justicia y el deseo de saber qué falló y por qué, ampliarían el foco al conjunto del Gobierno de España y muy particularmente a su presidente, cuyas negligencias antes del horror se completaron con una premeditada indiferencia posterior a los hechos, para que todo pareciera un asunto doméstico de la incompetente Generalitat.

Este periódico ha documentado durante un año la cadena de insólitas omisiones del Gobierno, que simplemente se saltó la Ley de Seguridad Nacional y el decreto que la desarrollaba, impulsado por el propio Sánchez, para fabricar una causa política contra el PP a costa de abandonar a los valencianos. Sus errores son por ello de índole casi dolosa y alcanzan al presidente y, cuando menos, a la entonces ministra de Transición Ecológica y al vigente de Interior, cuyas obligaciones en contextos adversos que superan el ámbito local no son opinables y están perfectamente recogidas en la legislación en vigor, ignorada por Pedro Sánchez con una inhumanidad próxima a la alevosía.

Nadie que de verdad esté sobrecogido por esta tragedia puede limitar a Mazón el desenlace, como nadie que suscriba la necesidad de prever catástrofes similares puede despreciar la desaparición del Estado en un episodio de eso que el propio Sánchez llama «emergencia climática». Que solo lo sea para pontificar en foros internacionales y aplicar medidas fiscales confiscatorias y sociales coercitivas, pero no para aplicar la teoría sobre el terreno, denota la catadura moral y la falta de escrúpulos de un presidente que vio una oportunidad en lugar de un drama.

El PP, por lo demás, debe aprender de una vez con quién se mide. Con alguien sin líneas rojas, dispuesto a mentir y manipular lo que haga falta y capaz de resistir lo que sea menester, contra toda decencia, para sobrevivir. Y lo hace con muertos en Valencia, presos en Soto del Real y procesados en varios juzgados de España, como si nada fuera con él y la democracia fuera papel mojado al lado de sus espurios intereses.