Ángel Víctor Torres ha afrontado este martes la difícil tarea de explicar sus comunicaciones con miembros de la trama Koldo reveladas tras la divulgación del último informe de la UCO.
En su comparecencia, trufada de falacias, medias verdades y silencios, el ministro de Política Territorial se ha autoexculpado de forma precipitada y autocomplaciente, escudándose en que en el informe no aparecen «ni mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente”.
Al limitarse a desmentir una acusación sin pruebas que lanzó contra él Víctor de Aldama, Torres trata de eludir lo esencial del asunto. Que es lo tocante a su intervención como presidente de Canarias para supervisar que se cumpliese el contrato de venta de mascarillas, firmado con la empresa investigada en la trama de los contratos millonarios de material sanitario en el seno del Ministerio de Transportes.
Además, se ha demostrado que mintió cuando afirmó no conocer a Aldama. Si mantuvo una reunión con él en un restaurante, según documenta el audio recogido en el dosier policial, no puede hablarse de un encuentro fortuito.
Las informaciones conocidas hasta ahora bastan para reclamarle a Torres responsabilidades políticas.
Porque los hechos reflejados por el informe acreditan que Torres intentó favorecer a lo que ha resultado ser una trama delincuencial gestada en el Gobierno del que hoy forma parte, y que presuntamente pagó y cobró comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.
En virtud de la Ley de Contratos, un presidente autonómico no puede ordenar a una entidad dependiente de su gobierno que pague a una empresa solo porque él lo considere oportuno, saltándose los procedimientos legales e intentando agilizar los trámites sin que se realizasen las comprobaciones que exigían los miembros de su gobierno.
Sin embargo, según detalla el informe, Torres prometió a Koldo García vencer «la resistencia» de su equipo a abonar el pago por las mascarillas «sin comprobaciones».
Y puede que, como defiende el ministro, no percibiese ninguna contraprestación por estas gestiones.
Pero con independencia de que existiera o no dolo, o la expectativa de un beneficio personal, lo que resulta innegable es que incurrió en un flagrante favoritismo al interesarse por aquellos pagos en particular, priorizarlos a otros, urgir al cumplimiento del contrato con Soluciones de Gestión SL, y presionar con un tono grosero e inaceptable a la funcionaria responsable que puso pegas al abono de la factura.
Es evidente que, como mínimo, Torres estaba buscando el patronazgo político de quien era en aquel momento el secretario de Organización del partido, por intercesión de su asesor Koldo. Lo cual explica también el trato reverencial que se le profesaba a Ábalos cuando visitaba Canarias.
El informe demuestra que, en su etapa como presidente de Canarias, utilizaba a Koldo como intermediario para conseguir ayuda del Gobierno e incrementar su influencia en el Consejo de Ministros.
Y si Torres agilizó el procedimiento de cobro a la empresa de mascarillas, es porque ese pago interesaba a Ábalos. No en vano, Koldo le agradeció al ministro su «implicación personal».
Este apremio para que se cumpliese el contrato con la empresa del comisionista Aldama supone una vulneración del principio de igualdad de trato ante la Administración. Porque si bien algunas de sus actuaciones pudieron estar amparadas por la excepcionalidad de una situación de emergencia sanitaria, el resto de las detalladas no encuentran justificación.
Aun concediendo que, como alega Torres, no existiera un propósito de actuar ilícitamente, la rendición de cuentas en este caso es ineludible. Porque manifestó una conducta impropia de la equidad entre los contratistas y la observancia de los procedimientos administrativos que debe que respetar todo gobernante.
Por todo ello, sin esperar a lo que pueda deparar la investigación penal, hay material suficiente para que Ángel Víctor Torres dimita. Y si no lo hace, debe ser cesado. Porque el rol de presidente es incompatible con el de conseguidor.