Tonia Etxarri-El Correo

Ya la tercera, fue Juan Lobato. En este juicio tan atípico (un «estrambote» para Patxi López, que se ha liado con los sonetos) por tratarse de una causa contra el fiscal general del Estado, se está escenificando la tensión entre una Fiscalía que recibe instrucciones del Gobierno y otra que se esfuerza por ser independiente, a pesar de las presiones, para garantizar la legalidad. Con los seguidores del procesado vitoreándole en la calle el día anterior y con una gran mayoría de sus subordinados pidiendo su dimisión. Esa polarización que tanto gusta en los círculos del Gobierno. En este ambiente, la comparecencia del socialista madrileño, que dimitió de su cargo en noviembre de 2024, había suscitado gran expectación. Pero, en realidad, sigue sin despejarse la incógnita sobre la identidad de quién ordenó que le pasaran los datos confidenciales del ciudadano Gómez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para utilizarlos en la Asamblea de Madrid. ¿Quién ordenó a Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, que le pasara al dirigente madrileño los datos que dejaban en indefensión al novio de la presidenta de Madrid? Persiste la incógnita.

Lobato exculpó a La Moncloa; no le dio órdenes, pero si él hubiera accedido a publicitar el documento se habría interpretado que el interés en filtrarlo «venía de la Fiscalía».

No salió bien la maniobra. Quienes tenían tanta urgencia por darle curso, toparon con un dirigente precavido y temeroso ante la ley. Lobato se negó a usar esa información confidencial antes de que se hubiera publicado en algún medio. No quiso pillarse los dedos. Y sin esperar a que Ferraz lo situara en la diana, se presentó ante notario para dejar constancia de su cruce de mensajes con Pilar Sánchez Acera (ayer con amnesia temporal ante el Tribunal Supremo) y de su negativa a participar en unos hechos investigados como delito de revelación de secretos.

Parecen lógicos sus reparos porque, antes de la sesión de control en el Congreso, recibió la llamada de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión provisional, para indicarle que pidiera la dimisión de Díaz Ayuso, a nivel de partido, ya que Pedro Sánchez iba a hacer lo propio emplazando a Núñez Feijóo. ‘Touché’. Si para «ganar el relato» (el fiscal general ‘dixit’) había que publicar ilegalmente unos datos fiscales de un ciudadano emparentado con Díaz Ayuso y así tapar el duro momento procesal que atravesaba la esposa de Sánchez, los estrategas se equivocaron de puerta. Como se equivocaron con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuyo testimonio fue demoledor, y por eso está soportando una campaña cruel y despiadada.

Quizá le habría resultado más fácil a Juan Lobato seguir la corriente de las aguas turbias de su partido. Pero habría tenido problemas con la Justicia. Y con su conciencia. Le dan vergüenza los fraudes fiscales y también que se revelen datos de carácter reservado. Un bambi en esta selva. Él no ha necesitado borrar los datos de su teléfono. Será porque no tiene nada que ocultar. El fiscal general del Estado no puede colgarse esa medalla.