No sale bien retratado Ángel Víctor Torres en el último informe de la UCO, pero tampoco implicado en nada susceptible de ser considerado delito. La experiencia de las recientes investigaciones, sin embargo, aconsejaría cierta prudencia antes de suspirar de alivio. Primero porque pueden aparecer más informes nuevos con grabaciones o mensajes en tono más comprometido, y en segundo término porque el material divulgado revela un vínculo con Koldo bien distinto de la relación ‘anecdótica’ que admitió en un principio. Torres y su interlocutor hablaban con la frecuencia y familiaridad ‘coloquial’ –eufemismo– de dos amigos o, al menos, de dos personas en contacto bastante asiduo. Eso significa que mintió, detalle al que no concede la menor relevancia el ministro; cómo le va a importar si su jefe ha convertido la mentira en uno de sus característicos rasgos de estilo, si el engaño y la ocultación constituyen en el sanchismo algo parecido a un mérito político.

Relevancia penal hay poca o ninguna; si acaso la voluntad de pasar por encima de la funcionaria que ponía objeciones a los pagos urgidos por la trama de Ábalos. No consta, expresión de moda, que el entonces presidente autonómico interviniese en la adjudicación de los contratos de mascarillas suscritos por el Gobierno canario. Sí queda claro que lo hacía en la solución de los retrasos, que ante las prisas de Koldo prometía zanjar con solicitud y determinación impropias de las prioridades de su cargo cuando el país estaba confinado. Digamos que como mínimo ese énfasis resulta extraño en un responsable público cuyos subordinados observan razonables reparos burocráticos. Pero por eso no acabará en el juzgado, ni por el lenguaje soez usual en las conversaciones de todos estos ilustres, selectos servidores del Estado. En ese sentido de momento está a salvo, aunque tal vez no de una citación como testigo susceptible de hacerle pasar un mal trago.

Lo que llama la atención es que Torres no se mostrase tan ufano de la ausencia –provisional– de indicios delictivos como de la de ajetreos sexuales, porque conoce las claves del singular rasero ético impuesto por Sánchez. Se puede mentir, faltaría más, o manejar dinero de los ciudadanos en dudosos tratos con una banda de truhanes; eso ya ha costado todo lo que podía costar a efectos electorales. En cambio las cosas de mujeres, los asuntos del sur del ombligo, son una frontera intraspasable porque irritan al feminismo y espantan a muchas votantes. El daño de la corrupción convencional está amortizado –a estas alturas unos millones de más o de menos no escandalizan a nadie– pero todos los miembros del Gabinete saben que el yerno de don Sabiniano no tiene un pase con el uso de servicios genitales. Si no hay ‘pisos de señoritas’ por medio no pasa nada grave; total, quién no ha tenido alguna vez al teléfono a un comisionista reclamando que le paguen.