- Al quedar en dique seco todas las normas gubernamentales en tramitación y aquellas otras que pueda aprobar el Consejo de Ministros, incluido los Presupuestos, Junts puede hacer orinar sangre a Sánchez como le auguró Puigdemont por no cumplir los acuerdos suscritos
Si demoledor es el reciente ‘informe Cáritas’ sobre el avance de la pobreza severa con una economía disparada como un cohete según la publicidad sanchista y la depauperación de la clase media en la que España asentó la Transición a la democracia y ha forjado su mayor periodo de libertad y bienestar, no menos esclarecedor es el ‘informe caritas’ –no confundir con el de la asociación católica– viendo el sombrío semblante de ‘Noverdad Sánchez’ y los suyos. No es para menos al colapsar una legislatura nacida muerta, aunque los ultimátum del prófugo Puigdemont evoquen el «niño, te cuento hasta tres» para reanudar el conteo a renglón seguido, y desbordarse la cloaca máxima de La Moncloa al reventar bajantes y cañerías.
Tanto que, sin mediar aviso y sin la parafernalia de aquellos cinco días de abril de 2024, el jefe de ‘la banda del Peugeot’ ha hecho mutis como cuando supo la primera de las cinco imputaciones de su ‘consuerte’ por usar La Moncloa como centro de negocios. Ello le llevó el miércoles a suspender su presencia en Mérida para respaldar a su candidato a la Presidencia de Extremadura, el nada Gallardo que trató de burlar el banquillo por favorecer al hermanísimo del presidente aforándose. La espantada no se debió tanto al navajeo interno o a la amenaza de temporal, sino al anegamiento de La Moncloa por las aguas fecales. Sánchez es hoy un náufrago de sus excesos arrastrado por la corriente de las pesquisas de la Guardia Civil y de las denuncias de los fiscales Grinda y Stampa a los que el comando de guerra sucia de Ferraz quiso confabular contra el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, por su pacto con el comisionista/comisionado Aldama que ha destaponado la sentina.
De momento, sus responsabilidades no son penales, pero sí políticas. De ahí que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien ya ha encaminado al banquillo a tres miembros de la cuadrilla (sus lugartenientes Ábalos y Cerdán, y al aizcolari Koldo García) y apunta a una financiación ilegal del PSOE que desde ayer ya investiga la Audiencia Nacional, optara prudentemente por ordenar a la UCO que afeitara las astas del informe sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los untos de la trama de las mascarillas en su etapa como presidente de Canarias. De este modo, se han caído por el camino algunas referencias a Sánchez cuyo tenor no ha transcendido.
Siendo inadmisible para un taurino la manipulación de la cofia, esto es, del final del pitón para luego disimularlo raspando y lijando el cuerno menguado, quizá aconseje esa cautela una instrucción judicial que puede comprometer al presidente del Gobierno. No obstante, si bien los pitones desmochados no suelen herir al diestro, si acaso desgarrar su traje de luces, a veces, también cornean mortalmente como aquel «Islero» de astas serradas, según cuentan, que mató a Manolete en Linares.
Otra cosa es la depuración de las responsabilidades políticas. Hasta ahora, Sánchez ha podido soslayarlas merced al catenaccio de la Alianza Frankenstein, sabedores de que a ningún otro podrán sacarle tanto y tantas veces. Empero, eso puede trastabillarse si Junts principia a apretarle las clavijas en este terreno sin necesidad de moción de censura. A este respecto, la tiburona Miriam Nogueras, portavoz de Junts, engrosó ayer la lista de quienes apellidan ‘las leyes Bolaños’ con los nombres de sus beneficiarios directos. Así habló de ‘ley Begoña’ para aludir a las contrarreformas con las que el triministro pretende blindar al clan familiar y de partido de Sánchez para que lo juzguen como a su fiscal general.
Al quedar en dique seco todas las normas gubernamentales en tramitación y aquellas otras que pueda aprobar el Consejo de Ministros, incluido los Presupuestos, Junts puede hacer orinar sangre a Sánchez como le auguró Puigdemont por no cumplir los acuerdos suscritos para mercadear su investidura en un acto de simonía sin parangón en España. Más en pleno el juicio contra un fiscal general al que sostiene remarcando una anomalía que contrapone a Sánchez al resto de sus colegas europeos.
Es más, en el campo de Marte en el que ha convertido la sala de vistas del Tribunal Supremo, se visualiza nítidamente su maquinación para destruir a una rival como Ayuso con la excusa del pleito judicial que la pareja de ésta, antes de conocerla, con el fisco poniendo patas arriba al ministerio público. Si ya era escandaloso que Ortiz borrara unos correos y mensajes que, de serle favorables, hubiera preservado con una copia de seguridad, no es menos llamativo que la exfontanera de Moncloa, Pilar Acera, directora del gabinete del director del gabinete de Sánchez, el hoy ministro Óscar López, del que sigue siendo mano derecha en su ministerio y en su ejecutiva del PSOE, obrara igual. No es que no sepan o no deseen contestar, sino que saben y, por eso, no responden. Obsesionados con «la memoria histórica» se les olvida lo sucedido un periquete antes. Como a Acera el supuesto periodista que le habría remitido el escrito de conformidad del hasta ese día anónimo Alberto González Amador.
A los eslabones de la fiscalía general y del gabinete de Sánchez, se suma un tercero que completa una cadena de letrina. Así un periodista amigo de Ortiz declara que poseía la carta de conformidad del novio de Ayuso una semana antes que el imputado fiscal general, pero no enteró a sus lectores y rehúsa a identificar quien se la facilitó. Eso sí, «sé que García Ortiz es inocente, pero no puedo decir mi fuente», porque le filtró la noticia para que él sólo la supiera, so pretexto que sea copartícipe del delito que enjuicia el Tribunal Supremo. Si «no se enciende una lámpara para ponerla bajo un celemín», acorde con la parábola evangélica, ¿cómo este Precedo mete en un cajón tamaña exclusiva salvo que trafique con ella por intereses espurios e inconfesables?
Ya hay precedentes, desde luego. El otrora director de El Periódico de Cataluña, Antonio Franco, dejó que durmiera el sueño de los justos la copia de contabilidad B del PSOE, a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export, por el que recaudó 1.000 millones de pesetas entre 1988 y 1990, que le pasó bajo cuerda el contable chileno Carlos Van Schouwen, cabreado porque no le pagaban su sueldo, hasta que se rebrincó yéndose a El Mundo con su venganza bajo el brazo.
Sin embargo, lo peor no es la aparente negligencia periodística de este jefe de Eldiario.es, sino que lo plantee ante el Tribunal Supremo como un «dilema moral» hasta que le comunicaron que muy bien, pero a otro Pedro (Sánchez) con ese hueso. Con la moralina supremacista de la izquierda del todo a 100, Precedo deja en el tintero que la Prensa no está para servir al poder acorde con la máxima aristotélica: «Amicus Plato, sed magis amica veritas», lo que, traducido, a román paladino, sería: «Ortiz es mi amigo, pero más amiga es la verdad». Ante la infecta confluencia entre Moncloa, Fiscalía General y Prensa adicta, hay que echar mano de la sorna de Les Luthiers y proclamar: «Caramba, ¡qué coinsidensia!».