Desde Brasil, mientras España afronta una crisis de gobernabilidad sin precedentes, el presidente del Gobierno ha protagonizado un ‘triple salto moral’ que merece ser diseccionado.
Primera contradicción. Sánchez exige elecciones en la Comunidad Valenciana ante la posibilidad de que PP y Vox alcancen un acuerdo para sustituir a Carlos Mazón, alegando que una «mayoría negacionista» podría «desmantelar la agenda climática».
El argumento es peregrino. Valencia cuenta con presupuestos aprobados y una mayoría parlamentaria operativa.
Mientras tanto, Sánchez se aferra al poder en Madrid sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sin la más mínima perspectiva de aprobar las cuentas públicas después de que Junts haya anunciado su bloqueo definitivo.
¿Por qué los valencianos deben ir a las urnas y los españoles no?
La respuesta es obvia: porque a Sánchez le conviene una cosa, y no la otra.
El presidente ha declarado que «España seguirá avanzando con presupuestos o sin presupuestos», convertido en un manual de resistencia «elevado a la enésima potencia».
Es decir, que Sánchez prorrogará las cuentas indefinidamente, seguirá recortando la democracia parlamentaria y gobernará por decreto hasta 2027 si hace falta, pero no convocará elecciones.
La diferencia con Valencia es que allí gobierna el PP y en la Moncloa, él. La coherencia democrática se sacrifica en el altar del interés partidista.
Segunda contradicción. Sánchez guarda silencio sobre la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la contratación de David Sánchez (hermano del presidente) como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.
Mientras exige regeneración en Valencia y critica los supuestos pactos indignos del PP, su partido presenta como candidato a la presidencia de Extremadura a un político que se sentará en el banquillo en febrero de 2026, apenas dos meses después de las elecciones del 21 de diciembre.
La doble vara es descarada. Sánchez defiende públicamente «la inocencia» de su hermano y del fiscal general del Estado, pero evita pronunciarse sobre Gallardo, el hombre que le dio trabajo a David Sánchez.
El PSOE, que durante años utilizó la corrupción como arma arrojadiza contra el PP, ahora arropa a un candidato procesado sin el menor rubor.
La excepcionalidad invocada para saltarse las primarias en Extremadura (debido al adelanto electoral) es la coartada perfecta para blindar a un líder manchado judicialmente. No hay principios, sólo oportunismo.
Tercera contradicción. Desde la cumbre climática en Belém, Sánchez ha pasado de criticar la negligencia de Mazón en la gestión de la dana a atacar la «banalidad» de quienes «niegan» el cambio climático.
El giro es estratégico: desvía el foco de las responsabilidades concretas hacia un enemigo ideológico difuso. Pero la banalidad, si acaso, está en otro sitio.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (organismo dependiente del Gobierno central) emitió apenas cinco avisos sobre el barranco del Poyo el día de la tragedia, frente a treinta en otros puntos.
Su presidente, Miguel Polo, realizó una sola llamada para conocer el estado del Poyo.
Los ocho agentes medioambientales de la Confederación acabaron su jornada a las 17:00, en el peor momento de la riada que causó 229 muertes.
Más grave aún: las obras de encauzamiento del barranco del Poyo, consideradas prioritarias desde 2009, fueron paralizadas en 2021 por el Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera.
El argumento fue que el proyecto era «demasiado caro para el beneficio obtenido» (45 millones de euros) e «incompatible» con la protección ambiental de la huerta valenciana.
Hoy, los daños superan los 360 millones. Las vidas perdidas no tienen precio. Hablar de negacionismo climático mientras se ignoran las negligencias propias es el súmmum del cinismo.
Sánchez eligió Brasil para lanzar su ofensiva dialéctica, lejos del barro de Paiporta y de las preguntas incómodas. Ofreció 45 millones de euros a fondos climáticos internacionales (curiosamente, la misma cantidad que se ahorró en 2021 cancelando las obras del Poyo) y proclamó que «España elige actuar, no esperar».
La realidad es que España espera. Espera presupuestos que no llegarán, espera dimisiones que no se producen y espera que Sánchez asuma alguna responsabilidad por los fallos de su propio Gobierno.
El triple cinismo de Sánchez revela una estrategia política diseñada para sobrevivir a cualquier precio. Pide elecciones donde no gobiernan los suyos, ampara candidatos procesados donde sí lo hacen y culpa a otros de las negligencias propias.
No es política, es mera supervivencia.