El consorcio liderado por Jainaga y el Gobierno vasco, con el apoyo de dos de las fundaciones propietarias de Kutxabank -BBK y Vital-, ha permitido enganchar a la compañía a Euskadi al hacerse con su control mediante el desembolso conjunto de 156,6 millones al fondo inversor Trilantic, lo que representa el 29,7% de las acciones en su poder. No sólo se trataba de que Talgo estacionase definitivamente en casa, sino de espantar el riesgo de que emprendiera ruta hacia Polonia o India, que planteaban opas de adquisición. En esta misma operación, las antiguas cajas de ahorro de Bizkaia y Álava han aplicado un modelo de cooperación alejado de sus habituales fines sociales, mientras el Gobierno de España, a través de la Sepi, se ha involucrado con su escudo ‘antiopas’ y una línea de crédito que ultima para garantizar el futuro de la empresa ferroviaria.

La compra se produce en un momento de incertidumbre judicial para Jainaga, cabeza visible de la operación y presidente de Sidenor, en vísperas de su citación en la Audiencia Nacional. Prestará declaración el miércoles como investigado por la venta de acero a una compañía de armamento de Israel sin presuntamente haber realizado los trámites exigidos. Aunque sus compañeros de viaje en el consorcio vasco habían insistido en deslindar la ‘operación Talgo’ del expediente por supuestos delitos de contrabando y participación en genocidio, sería deseable que el empresario aclarase ante el juez todos los pormenores de la transacción como se ha comprometido a explicar «con el máximo nivel de detalle».