Los recientes acontecimientos de Pamplona, centrados en la agresión colectiva a un periodista de El Español, que se suman a otros anteriores escenificados en Azpeitia y Vitoria, han desatado las especulaciones acerca de un renacer de la vieja kale borroka con la que ETA complementaba sus acciones terroristas para sostener su control territorial en algunas zonas del País Vasco. La tesis es atractiva –sobre todo porque se remite a un fenómeno ya conocido y porque permite sugerir la implicación del partido de Arnaldo Otegi en él–, pero errónea. La organización responsable de tales hechos –Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), núcleo central del Movimiento Socialista (MS)– es, precisamente, una disidencia de la izquierda abertzale que ha roto con Bildu y que ha sido satanizada por este partido porque se ha convertido en su principal competidor en cuanto a la movilización política de la juventud vasca, sobre todo en las universidades. GKS, que se inspira ideológicamente en el marxismo ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años, ha extendido sus alianzas por buena parte de los ambientes izquierdistas de España y aspira a ser el embrión de un nuevo Partido Comunista Europeo para impulsar así una nueva revolución proletaria. Y de este modo, como ha mostrado Fernando Vaquero en su libro «Bolcheviques», aunque surgida en los círculos herederos de ETA, se ha separado radicalmente de ellos por considerarlos incompatibles con su aún embrionario proyecto revolucionario, precisamente porque rechaza la participación institucional de la que hacen gala Sortu y Bildu.

La cuestión ahora, tras los incidentes mencionados, es dilucidar si GKS y el MS, en su desarrollo organizativo, han optado por constituir un grupo paramilitar con el que apoyar violentamente sus movilizaciones. La aparición en Pamplona de una milicia uniformada, disciplinada, dotada de rutinas de ataque y repliegue, movilizada desde orígenes geográficos múltiples –requiriendo medios de transporte– y con unidad de mando, así lo sugiere, aun cuando, al menos de momento, se ha tratado de un grupo desarmado –lo que no excluye el empleo de artefactos incendiarios–, tal vez porque carece de las suficientes fuentes de financiación. El Ministerio del Interior debería estar atento a esta emergencia, aun cuando ya hay en el Gobierno quienes la observan con simpatía.