Los habituales pueden escandalizarse, pero la realidad es que el Gobierno, y personalmente Pedro Sánchez, afrontan un serio problema de legitimidad en términos no de legalidad formal, sino de habilitación política para eludir la llamada a las urnas, que es lo que reclamaría una práctica política leal con los principios democráticos ¿Es viable, es aceptable que un Ejecutivo carente de una mayoría parlamentaria que, además siempre ha sido mínima, finja ignorar la realidad y comprometa el sistema institucional por la pulsión de poder y la arrogancia de quien lo preside? Porque si ficticio era aquel «somos más» de Sánchez, la situación que ahora queda configurada es una pura fantasmagoría.

Sánchez gobierna -en realidad solo puede pretender que gobierna- sobre la deformación presidencialista que ha querido convertir en una verdadera mutación constitucional, normalizando la idea de que en un régimen parlamentario se puede gobernar sin el Parlamento. Esta afirmación aberrante no ha sido suficientemente contestada y sobre ella se ha justificado un estado de excepcionalidad constitucional que solo puede resolverse con la decisión del electorado. Sánchez carece de credibilidad a la hora de presentar proyectos que no puede cumplir y solo puede apoyarse en el manejo de unos recursos públicos sin el respaldo de la aprobación parlamentaria por tercer año consecutivo.

Argumentar que la culpa la tienen los que no le dan la mayoría es tan ridículo como la pretensión de presentar todo este cúmulo de anormalidades como una situación lógica en las actuales circunstancias. Es posible que esta coyuntura estimule la evaluación que los socios de Sánchez pueden hacer de la travesía que iniciaron con aquella moción de censura contra Rajoy presentada ni más ni menos que por José Luis Ábalos. Solo Bildu ha mejorado su suerte como gran beneficiario de los tratos con Sánchez. Tanto la ha mejorado, tan eficaz ha sido el blanqueo de su alianza genética con la violencia terrorista, tan saludable le ha resultado su ya acreditada condición de interlocutor y apoyo fiel de los socialistas, que el papel del PNV se ha ido empequeñeciendo hasta límites que ponen a prueba la capacidad de autoengaño de este partido sobre lo que ha significado su asociación con Sánchez.

Como desafortunada coincidencia, el informe de la fundación Foessa retrata una devastadora realidad social en un país que encabeza los índices de riesgo de exclusión y pobreza infantil de la Unión Europea. Frente a esta realidad, la autocomplacencia gubernamental con la evolución de los indicadores queda al descubierto. Son más de siete años de gobierno de coalición autodenominada progresista. Siete años de gasto público y deuda sin tasa, de regulación y subidas masivas de impuestos, expresas o derivadas del efecto de la inflación soportado por los contribuyenten, siete años de anuncios presidenciales de construcción de decenas de miles de viviendas que no aparecen, de fondos europeos en cuantía sin precedente, pero malogrados por una gestión incompetente.

Ningún gobierno en el pasado, socialista o popular, ha tenido nunca ni tantos recursos ni menos restricciones para gastar como el de Pedro Sánchez. Y sin embargo, siete años después, nuestro economía se alimenta del impulso de la inmigración masiva, del flujo de dinero público en condiciones excepcionales de abundancia y deuda que sin embargo no frenan el deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios. Bien pensado, hablar de naufragio político y social tal vez sea prematuro aunque irremediable. Digamos que este barco esta lanzado contra las rocas y antes de hundirse nos queda por oír el estruendo de las cuadernas rotas.