- Cuando ves a todo un fiscal general desprenderse de su toga para sentarse en el banquillo de los acusados, te das cuenta de que la democracia está en peligro
Desde la reinstauración de la democracia en España, allá por junio de 1977, nunca habíamos visto una erosión de una institución fundamental del Estado democrático como la que observamos en el Poder Judicial. Menos mal que nos quedan las togas limpias frente a las que se empeñaron en rebozarse con el barro del camino, en la mayoría de los casos por puros intereses personales y sin altura de miras alguna. Aun así, esta semana que está terminando ha sido una de las peores para la Justicia en España. Cuando ves a todo un fiscal general desprenderse de su toga para sentarse en el banquillo de los acusados, te das cuenta de que la democracia está en peligro. No logro comprender a García Ortiz y su contumacia en mantenerse a toda costa en su cargo. Él, que debería ser el garante de la legalidad pública, terminó arrastrándose para favorecer a un presidente que ni siquiera ganó las elecciones. En el Tribunal Supremo no estaban acusando solo García Amador y el Colegio de Abogados de Madrid. Ahí, de alguna forma, estábamos todos los ciudadanos que tenemos derecho a ser libres e iguales ante la ley.
Después de todo lo que hemos escuchado, el juicio tiene mala pinta para el acusado. Si dos más dos son cuatro –es decir, puro sentido común–, a García Ortiz lo veo más cerca de la inhabilitación que de la absolución. Aunque para ello están los magistrados del Supremo, a los que les sobra experiencia, independencia y personalidad. Así que esperemos pacientemente la decisión de siete hombres buenos.
Como dije al principio, de todos modos, el actual acoso a la Justicia desde el propio Gobierno no tiene precedentes. Ha tenido que ser Junts el que nos haya salvado de la última fechoría de Bolaños en esta materia. Se cierra, por tanto, una semana aciaga para lo que hasta ahora entendíamos que era la Justicia en España. Ayer mismo, el abogado general de la UE (cuyo informe no es vinculante para el TJUE) también dictaminó que la ley de amnistía es contraria al Derecho europeo, aunque no afectó a los fondos comunitarios. Un matiz, este último, no muy relevante. Lo cierto es que Puigdemont no volverá mañana.
Todavía quedan jueces en España, sea cual sea el fallo del Supremo en este turbio asunto que pone en duda la calidad democrática de nuestro país.