Puede que estemos en el umbral, aunque tardará, del hundimiento del régimen corrupto y autoritario del presidente Pedro Sánchez, si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el grave delito de ‘revelación de secretos’. Lo que podría ocurrir tras las deliberaciones del Tribunal y una vez concluido el juicio celebrado en el Tribunal Supremo que ayer tarde quedó ‘listo para sentencia’ una vez acabadas las alegaciones de las acusaciones y las defensas (Abogacía del Estado, Fiscalía) y cuando se supo que García Ortiz, con aspecto apesadumbrado, había renunciado al último uso de la palabra al que tenía derecho.

Ha concluido un procedimiento en el que parece haber quedado claro que la ‘nota de prensa’ -el comunicado- que emitió y redactó el fiscal general sobre el pacto de ‘sentencia de conformidad’ que propuso Alberto González Amador a la fiscalía sobre sus presuntos delitos fiscales, constituyó una revelación ilegal e ‘institucional’ que violaba su derecho a la defensa de González Amador. Porque, como lo denunció el decano del colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, dicho comunicado era de una ‘inusitada gravedad’ como la que ‘nunca se había visto’. Así lo reafirmó Ribón ante el Tribunal Supremo. Y ello por más que este fiscal general intentara justificarse con el argumento de que con su ‘comunicado’ se pretendía desmentir la declaración del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Angel Rodríguez, quien había afirmado que el pacto de sentencia de conformidad de González Amador fue a instancia de la Fiscalía, lo que no era cierto.

Ganar el ‘relato’

Cuando lo cierto era que el fiscal general pretendía ganar ‘el relato político’ en contra de la presidenta de Madrid para así beneficiar a sus jefes políticos de la Moncloa. Quedando claro que la Fiscalía General del Estado nunca debió de entrar en los debates de orden político o polémicas periodísticas. Y menos con un comunicado oficial que daba pábulo ‘institucional’ -un rango muy superior al de las informaciones y las denuncias de medios- sobre los presuntos delitos de González Amador. Lo que resta argumentos a la defensa de García Ortiz y al hecho de que el llamado ‘pacto de conformidad’ de González Amador se conocía en varios medios de comunicación antes de que la Fiscalía General emitiera dicho comunicado de prensa. Porque, como dijo ante el Tribunal el jefe de la UCO, teniente coronel Antonio Balas, el fiscal general tenía todo ‘el control de la situación’, y podría haber sido el filtrador a dichos medios del ‘pacto de conformidad’.

El texto del pacto que García Ortiz, presuntamente alertado por Moncloa, se apresuró a reclamar ‘con nocturnidad’ -sacando a uno de sus fiscales de un partido de fútbol- para preparar luego, con una presunta ‘alevosía’ poluitica, el fatal ‘comunicado’ enviado a los medios de comunicación. Un comunicado que aparece como la ‘pistola humeante’ de la investigación judicial. A la que luego se le añadió, como un indicio muy relevante, el ‘borrado’ por García Ortiz de todos sus correos y mensajes de sus móviles ¡el mismo día! en el que se le comunicó que había sido imputado en el Tribunal Supremo por ‘revelación de secretos’.

Negarse a dimitir

Lo que sugiere que los mensajes con sus fiscales y jefes políticos no se habrían borrado si hubieran sido correctos, pero García Ortiz los borró -y además destruyó sus terminales telefónicas- porque muy probablemente lo incriminaban. A igual que lo señalan como responsable su negativa a declarar ante el juez instructor Hurtado, y a responder en el juicio a las acusaciones. Como ha renunciado a su alegato final. Lo que a buen seguro será tenido en cuenta por el Tribunal. Un fiscal general que se había negado a dimitir del cargo al ser procesado dañando la imagen institucional de la Fiscalía, y que, con aires desafiantes, se presentó en el Tribunal Supremo con la toga y puñetas para sentarse en el ‘estrado’ junto a ‘su’ fiscalía y ‘su’ abogacía del Estado. Aunque finalmente y sin la toga tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados cuando le tocó declarar ante la Sala de lo Penal.

Irrumpe ‘la fontanera patriótica’

Estamos ante un episodio lamentable e inédito en las democracias europeas al que en últimas horas se han añadido las revelaciones asombrosas de la ‘fontarena patriótica’ del PSOE, Leire Díaz, como la impulsora de una trama corrupta de guerra sucia contra jueces, fiscales y periodistas. La que se presentó ante los fiscales Stampa y Grinda como la ‘mano derecha’ de Santos Cerdán y receptora de instrucciones de Pedro Sánchez para ‘limpiar todo, caiga quien caiga’. Y todo ello con pruebas irrefutables en vídeo y en audios, por los que ya ha sido citada a declarar ante un juez donde será procesada y muy probablemente condenada.

Un panorama judicial muy negro para Sánchez al que se añaden ahora las pesquisas en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del PSOE, y los juicios pendientes de Ábalos, Cerdán (en prisión) y Koldo, sin perder de vista el procesamiento de Begoña Gómez y David Sánchez, la esposa y el hermano del presidente.

El aval del abogado de la UE

El mismo Sánchez que, sonriente, se dejó insultar en el Congreso por su otrora aliada la portavoz de Junts, Mirian Nogueras, que lo llamó ‘cínico e hipócrita’. Pero que, a la vez y con similar cinismo, la tal Nogueras se niega, en nombre del prófugo Carlos Puigdemont, a derribar al presidente y provocar el adelanto electoral. Y buena prueba de la falsa ruptura de Junts con Sánchez está en que este jueves, con su abstención, Junts acaba de salvar al Gobierno en la votación sobre la prórroga de la vida de las centrales nucleares. Por otra parte Puigdemont (y el Gobierno), han recibido una grata noticia y está contentos porque el ‘Abogado general de la UE’, ha ‘avalado’ la Ley de Amnistía, asegurando que no hubo una ‘auto amnistía’ (lo que está por demostrar) aunque cuestiona los plazos de su aplicación. Una ley sobre la que, en todo caso, aún se tiene que pronunciar el Tribunal Superior Europeo de Luxemburgo antes de ser aprobada en su totalidad.

Estamos, pues, ante una esperada sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tendrá una relevancia decisiva en el momento político español. Sentencia que, con certeza y vistos el prestigio y la relevancia de los magistrados del Tribunal juzgador, será ‘justa’, sea absolutoria o condenatoria, por unanimidad o por la mayoría de sus magistrados. Y que como tal deberá ser acatada por todos, al margen de las valoraciones políticas que sin duda se conocerán.

Mientras tanto, Sánchez continúa ‘vivaqueando’ y ganando tiempo para seguir en el poder, a ser posible hasta 2027, cuando ya no tenga más remedio que convocar las elecciones generales. Quiere agotar la legislatura incluso en el caso de que su fiel García Ortiz resultara condenado en el Tribunal Supremo. Como impasible se mantuvo cuando su secretario de organización, Santos Cerdán, ingresó en prisión. Porque su único objetivo de Sánchez es el de permanecer en el Poder para estar en alerta y precavido por si algún día quien tiene que sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo es él.