Antonio Rivera-El Correo
En nada hemos pasado de ser los más guachis a los más carcas del Estado. Lo que todavía no hace ningún Departamento de Interior en España lo hacemos nosotros: dar cuenta estadística de los delitos por origen geográfico y engordar así los estereotipos que alimentan el discurso xenófobo. Por pura lógica debiera haber ardido Troya, pero solo se han soliviantado las alarmas de oficio del Ararteko, de una asociación judicial progresista y, también lógicamente, de parte de la oposición y afectados.
Pero lo mejor es el argumento del consejero Zupiria y del partido que le sostiene, el PNV. Para que Vox y PP no manipulen los datos y den pábulo a la xenofobia, lo mejor es que lo hagamos nosotros… con el mismo inevitable resultado. Zupiria no se ha privado para ello. Divide y distingue el mundo delincuencial y el tipo de delitos como lo haría un Sabino Arana redivivo en el comienzo del siglo XXI: vascos, españoles, europeos comunitarios y extracomunitarios, americanos y latinoamericanos, africanos y magrebíes, asiáticos y resto del universo. Por países habría quedado más difuso; por regiones queda claro a qué se dedican los malos de cada sitio y de dónde son los delincuentes de cada tipo de delito. Euskadi en marcha.
Y todo porque crece la percepción de inseguridad y porque el partido guía se ve sometido a los mismos vientos reaccionarios de otros parajes: en cantidades importantes, todos los colectivos humanos se comportan de similar manera… más allá de proclamas nacionalistas. El camino que han emprendido sus homólogos catalanes se sigue aquí a rajatabla, aunque a distancia (antes de este volantazo de Interior). Nos preserva que tenemos más dinero que ellos y que mantenemos políticas sociales más caras (en renta básica, por ejemplo). Pero algunas de esas políticas sociales no son sustancialmente distintas y sus resultados no van a ser diferentes, sino diferidos.
Por ejemplo, la Escuela Vasca está condenando a no tener futuro a la mayoría de esa procedencia que aparece a la cabeza delincuencial. Se está asumiendo como normal que muchos centros públicos de mayoría absoluta inmigrante lejana no tienen posibilidad alguna para con esos niños y jóvenes. Se les tiene allí encerrados a sabiendas de que no están aprovechando la oportunidad de la escuela como ascensor social. Los datos inapelables de cada año (los PISA, TIMSS o similares) son más contumaces que la indolencia de la consejera del ramo. Y, sin embargo, se insiste en exigencias de estrambote (las idiomáticas, sobre todo) y se aplican estrategias en los centros que no están consiguiendo resultados, más bien lo contrario.
La delincuencia es un problema; necio sería negarlo. Los más delincuentes, siempre, son los menos integrados, los más de fuera. La reincidencia debería animar a cambiar leyes para no desesperar por incapacidad a quienes se enfrentan a ella. Pero la política social se debe seguir manejando en el axioma de que, una vez identificado el grupo problemático, hay que actuar sobre él para reducir su condición distintiva. Si solo se dice lo que hay y no se hace lo suficiente, estamos alimentando el monstruo y no estamos parando a los xenófobos. Nos estamos convirtiendo en ellos.