Casi cuatro meses después de que el presidente oficializara en la Moncloa su compromiso de llevar al Congreso los primeros Presupuestos de la legislatura, el Consejo de Ministros dará este martes, al fin, el primer paso. Uno de un camino que, en cualquier caso, parece conducir a un callejón de salida, en vista de que ni Junts, ni ERC, ni Podemos están por la labor de aprobar las cuentas públicas de 2026. Al menos, eso han venido sosteniendo.

El Ejecutivo aprobará hoy los objetivos de deuda y déficit públicos que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este lunes a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; a las que también prometió que entre enero y febrero propondrá un nuevo modelo de financiación autonómica, para desconfianza de estas por lo que pueda llevarse Cataluña en el reparto.

a es que será idéntica senda de estabilidad a la que el Gobierno ya aprobó por dos veces el año pasado, con nulo éxito. La primera fue en julio de 2024, pero el PP, Vox y Junts se la tumbaron en el Congreso. Después, quiso intentarlo una segunda vez en septiembre, con exactamente la misma propuesta, y acabó teniendo que retirarla del Pleno in extremis para ahorrarse otra derrota.

Junts ya ha adelantado que, en vista de que el Ejecutivo no ha cambiado nada su planteamiento, el voto de sus siete diputados tampoco: será el mismo que el año pasado, un ‘no’ al 0,1 % del PIB que la vicepresidenta Montero propone como tope de déficit para las comunidades en los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Los de Carles Puigdemont ya intentaron en 2024 que Hacienda lo elevara al doble, el 0,2 %. Por el contrario, el Estado se reserva un 2,1 % en 2026; un 1,8 % en 2027; y un 1,6 % en 2028.

Una vez aprobada en el Consejo de Ministros, lo previsible es que la senda se vote en el Pleno de la última semana de noviembre y que salga derrotada. Legalmente, si eso sucede, el Gobierno está obligado a aprobar una nueva senda -o la misma- en el Consejo de Ministros por segunda vez y llevarla al Parlamento de nuevo. Si tampoco es aprobada entonces, deberá elaborar los Presupuestos con la que está en vigor.

El misterio de por qué tanto retraso

El Ejecutivo se ha tomado su tiempo para empezar a construir el edificio de los Presupuestos, que casi nadie apuesta que conseguirá poner en pie. Y ni Sánchez, ni Montero, ni el resto de los miembros del Gobierno han explicado en todos estos meses a qué se debe tanto retraso. Porque tampoco parecía que estuvieran negociando los objetivos de estabilidad con los grupos parlamentarios, según la versión de estos, por más que los socialistas hayan insistido en que iban a «sudar la camiseta».

El caso es que, a 18 de noviembre, la única certeza sigue siendo que 2026 empezará con una nueva prórroga presupuestaria, la tercera. No en vano, a estas alturas del año es materialmente imposible que los Presupuestos de 2026 estén aprobados por las Cortes el próximo 1 de enero. Ni remotamente. De hecho, ninguno de los socios de Sánchez apuesta porque lo estén tampoco más adelante, sino por una nueva prórroga presupuestaria que dure todo el ejercicio de 2026.

El presidente ha conseguido sembrar el desconcierto entre sus aliados con su reiterado compromiso de presentar los Presupuestos al Congreso, aun sabiendo que su aprobación es imposible. O casi. Y estos tampoco tienen incentivos para resolverle la papeleta, puesto que Sánchez ya aclaró en septiembre que seguirá gobernando con cuentas nuevas o con las de 2023 prorrogadas por tercera vez. Pero que en ningún caso convocaría elecciones. Hay quienes, como Ione Belarra, se malician que Sánchez y Montero tienen intención de darles a votar unos Presupuestos muy apetitosos, con mucho gasto, para que cuando los rechacen queden ellos como los responsables de su naufragio.

Uno de los principales escollos para la negociación con los independentistas es la materialización de la quita de la deuda a las comunidades. Sin embargo, la Ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que así la bautizó el Ejecutivo, ni siquiera ha llegado todavía a la Cámara Baja, sino que lo hay hoy es un anteproyecto de ley aprobado en septiembre y que recientemente ha sido sometido a los trámites de audiencia e información pública antes de volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros. Luego deberá superar una tramitación parlamentaria no sencilla (ninguna lo es con los números del Congreso).