Tonia Etxarri-El Correo
Sostiene la oposición que todos los movimientos del presidente del Gobierno están orientados hacia una operación de blindaje, acosado por los casos de corrupción en su entorno familiar, político e institucional para defenderse de la Justicia. Lo cierto es que el PSOE no se ha atrevido a presentar la proposición de ley, conocida como ‘ley Begoña’, que pretendía intervenir la Justicia por la vía rápida, por falta de apoyos parlamentarios. Pero está intentando recuperar parte de la esencia de esa iniciativa frustrada con la reforma de la ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Una norma que viene cargada de polémica al contemplar no solo que los jueces se queden sin la instrucción penal para ponerla en manos de la Fiscalía, sino que limita la acusación popular para que partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones o entes públicos no puedan ejercerla.
El caso es que la derivada que va tomando la investigación judicial en torno a la trama corrupta que abarca desde Santos Cerdán, en prisión provisional, hasta Leire Diez, la periodista imaginaria que hablaba en nombre del PSOE pero contra la que el partido no se querella de momento, echa por tierra la propaganda de la izquierda en este país. La corrupción no tiene ideología. La tentación de amasar fortuna con el dinero de todos es transversal. La utilización de la influencia política para favorecer a los amiguetes es un vicio practicado a diestra y siniestra. ‘Gürtel’ versus fraude de los ERE en Andalucía. La izquierda, pues, no puede presumir. Es una idea que se va asentando con más fuerza que la que tuvieron los casos de acosos sexuales en Sumar y Podemos o las prostitutas mantenidas y colocadas por el exministro Ábalos y su compañero de negocios, Koldo García. La aparición de Leire Díez, en este momento de la historia que tanto se parece a una novela de gangsters, no hace más que añadir más leña al fuego sanchista.
Quien ofreció beneficios judiciales a un empresario para acabar con un jefe de la UCO tiene que dar muchas explicaciones sobre sus métodos para obtener información sensible a fin de erosionar la credibilidad de la Guardia Civil y la Fiscalía. También sobre esa orden recibida de las más altas instancias de «limpiar sin límite» tras la imputación de la esposa del presidente. Pero su petición de que el juez anulara sus grabaciones, efectuadas en plena compraventa de información cloaquera, dio pie a la portavoz del PSOE para decir que se estaba desdiciendo. ¿Seguro? ¿La petición de que se anularan los audios es señal de rectificación o más bien se trata de descartar testimonios autoincriminatorios?
No se sabe si La Moncloa y la dirección de Ferraz conocían los movimientos de la fontanera. Lo que sí se sabe es que nadie la paró. Y que, de momento, ninguno de los perjudicados se querella contra ella. ¿Es una fantasiosa o una emisaria? He ahí la clave. La falsa periodista y exmilitante socialista, en su condición de investigada (por cohecho y tráfico de influencias), no está obligada a decir la verdad. Lo que menos se entiende es la resistencia del PSOE a querellarse contra ella. Al menos por difamación reputacional, ¿no?