La Fiscalía General del Estado ha entrado en convulsión tras conocerse el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La ya histórica condena a Álvaro García Ortiz -episodio inédito desde que la democracia vertebra España- ha dinamitado los cimientos del número 4 de la calle Fortuny. Doce meses de inhabilitación, multa y obligación de pagar las costas del proceso, amén de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador. ¿Presentará el fiscal general su dimisión antes de que se conozca el contenido de la sentencia? ¿Quién ocupará su posición en un momento tan convulso para la institución? ¿La condena ha sido también un torpedo a la línea de flotación de un ministro, Félix Bolaños, que acumula un severo desgaste tras los últimos reveses que suma su departamento? Mientras, La Moncloa azuza los mensajes que hablan directamente de “golpismo judicial” ante un nuevo escándalo que alcanza de pleno al Gobierno de coalición.

La falsa apariencia de apoyos a Álvaro García Ortiz en la primera mañana en la que se encaminaba al Tribunal Supremo -expresada con un sonoro aplauso en la sede de Fortuny por fiscales de su confianza, funcionarios y hasta miembros de la cúpula fiscal con fuerte amistad personal- constata en realidad una pérdida de simpatías elocuente.

No en vano, a García Ortiz se le reprocha en amplísimos ámbitos de la Fiscalía, muy mayoritarios según ha podido constatar Vozpópuli en los últimos meses, haber provocado el mayor descrédito conocido en democracia de una institución como la Fiscalía General del Estado. No dimitió cuando recibió las querellas, tampoco lo hizo al ser imputado por el Tribunal Supremo ni durante la instrucción, se negó a cesar cuando fue procesado y se abrió juicio oral contra él, y durante meses ha sido forzado por el Gobierno a no renunciar.

Hasta tal punto el caso de García Ortiz se ha convertido en una suerte de resistencia numantina para La Moncloa, que el propio presidente del Gobierno, en un ejercicio de ‘lawfare’ -término tan usado desde esferas de Gobierno para criticar a los jueces que investigan la corrupción-, ha sostenido hasta en cuatro ocasiones la inocencia de su fiscal general del Estado, tratando de influir en el Tribunal Supremo y de deslegitimar su independencia y la separación de poderes.

Sánchez lo ha hecho desde Europa, desde entrevistas en TVE y el El País, e incluso tras despachar con el Rey en Marivent el pasado verano. Moncloa sostiene oficialmente que “respeta” el fallo del Supremo, pero a continuación activó ayer mismo por la tarde, en complicidad con algunos de sus socios parlamentarios y con terminales de la izquierda judicial, la teoría de que en el Supremo se ha producido “golpismo judicial”. Un exmagistrado de la Sala Segunda ya jubilado, José Antonio Martín Pallín, llegó a afirmar en TVE que la resolución del alto Tribunal supone un “golpe de Estado”.

La dimisión de García Ortiz

Ahora La Moncloa tendrá que implementar los resortes legales para la sustitución de García Ortiz. Cabe la opción de que el fiscal general dimita voluntariamente en las próximas horas, antes de que se conozca la sentencia, que será firme más allá de que tenga opción de recurrir al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, quien promete ser una pieza clave para influir en Pedro Sánchez a la hora de escoger un relevo sustitutorio de García Ortiz.

Pero cabe la opción de que García Ortiz se mantenga hasta el mismo día en que la sentencia le fuerce a abandonar el cargo por la pena de inhabilitación. Fuentes de la Fiscalía argumentan que ese escenario sería “un delirio”. Relatan que el ambiente en la Fiscalía es de fractura interna entre partidarios y detractores, pero inciden en el “deterioro demoledor” de una institución que se ha sometido a una sentencia histórica.

Contemplar en el banquillo a un fiscal general interrogado por un cargo inferior al que debe obediencia jerárquica… es algo que no ocurre en ningún país con sus coordenadas democráticas en orden

“Y también a una anomalía -recuerdan-. Contemplar en el banquillo a un fiscal general interrogado por un cargo inferior al que debe obediencia jerárquica y que además es íntima amiga suya y a quien él mismo designó es algo que no ocurre en ningún país con sus coordenadas democráticas en orden”.

El desánimo en la Fiscalía “porque la vergüenza nos salpica a todos en términos institucionales, reputacionales y personales” se verá acrecentado en los próximos días por la incertidumbre de si García Ortiz no dimite voluntariamente. Para el aún hoy fiscal general del Estado no hay un relevo claro, aunque las fuentes consultadas apuntan a su número dos, Ángeles Sánchez Conde, que fue quien le interrogó durante el juicio precisamente. Leal a García Ortiz, aupada por él, convencida de su inocencia y con idéntico perfil de subordinación al Gobierno. En cualquier caso, Sánchez Conde no es bien vista en algunos sectores del “progresismo” jurídico, que optarían por perfiles más combativos e incluso con mayor proyección pública como Teresa Peramato o Teresa Gisbert.

 

En la elección definitiva, coinciden fuentes fiscales, tendrá a buen seguro un papel preponderante el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Puimpido, que fue fiscal general del Estado durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, con quien se reúne habitualmente porque les une una estrecha amistad más allá de una notoria coincidencia de criterios políticos.

El desgaste de Bolaños

A priori, coinciden otras fuentes del mundo judicial, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tendrá mucho menor peso, ante la creciente percepción en ámbitos de la esfera judicial de que “está en caída libre”. No pasan por alto esas fuentes que Sánchez encargó a Bolaños una drástica -e ideológica- reforma de la Justicia para contrarrestar lo que desde el Gobierno denominan “bastiones conservadores” en puestos clave.

Bolaños planteó una reforma procesal para entregar a los fiscales el control de las instrucciones penales, arrebatándoselas a los jueces; propuso otra para eliminar a las acusaciones particulares de los procesos penales de modo que casos como el de Begoña Gómez o el del hermano del presidente del Gobierno quedasen abocados al archivo automático; y está fracasando también en reformas jurídicas para ejercer un control sobre las informaciones de los medios de comunicación.

Ya en su día, Sánchez confió a su entonces vicepresidenta Carmen Calvo influir sobre el Tribunal Constitucional para que declarase la constitucionalidad de los estados de alarma durante la pandemia, y no lo logró. Fueron declarados ilegales y, en una crisis de gobierno, Calvo cayó. Ahora preside el Consejo de Estado.

El clima de convulsión en la Fiscalía se ve agravado ahora con un plus de incertidumbre tanto en el Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general, como en la cúpula de la carrera, la Junta de Fiscales de Sala. Y por si fuera poco, los quince últimos fiscales nombrados por García Ortiz, ya procesado, han tomado posesión esta misma semana de sus nuevos destinos, pero ahora deben ser ratificados por el nuevo fiscal general y no saben qué ocurrirá.