- García Ortiz ha sido condenado por actuar de peón de brega del sanchismo olvidando que su función es la de combatir el crimen y no la de delinquir, revelando en una nota de prensa datos reservados de un contribuyente con problemas con Hacienda a quien vulneró su derecho de defensa
La sentencia contra el fiscal general del Estado representa el triunfo de la justicia y su independencia frente al abuso de poder. Ha sido la prueba de que en un Estado de derecho nadie está por encima de la ley. Tampoco, aunque así lo creyeran, el fiscal general o Sánchez, quien ve en la independencia judicial su amenaza existencial.
Todavía quedan muchos jueces en Berlín que no se amedrentan ni condicionan sus decisiones por la presión mediática y política de los aliados del Ejecutivo o por la injerencia de un presidente de Gobierno que se erigió en juez y parte y declaró la inocencia de su fiscal antes de dictarse sentencia. Y que los jueces actúen en libertad y con independencia es lo que nos defiende de los golpes que no se dan con tanques sino con impunidad, como pretende el sanchismo.
La condena al FGE no sólo inhabilita a quien ha desprestigiado, desacreditado y deteriorado la institución con su comportamiento indigno, sino a quien le nombró sin reunir las condiciones de jurista de reconocido prestigio para desempeñar un cargo para el que no era idóneo tal y como dictaminó el Consejo General del Poder Judicial. La sentencia contra Álvaro García Ortiz inhabilita también a Sánchez y sus maneras iliberales y autocráticas de ejercer el poder haciendo del fiscal general un ministro más de su gobierno al servicio de sus intereses familiares y políticos hasta el extremo de obligarle a involucrarse en una guerra sucia contra su adversaria, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía depende tanto de Sánchez como para ejercer sin pudor alguno la defensa de todas las causas corruptas que le afectan.
Si la persona a la que García Ortiz tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales, González Amador, no fuera la pareja de la presidenta madrileña, el fiscal general del Estado jamás se habría enredado en un pacto de conformidad entre Fiscalía y abogacía sobre un caso de fraude tributario, ni Moncloa le habría ordenado implicarse en su estrategia para atacar a Ayuso, ni habría acabado ante el Supremo y ahora condenado. Debería ser Sánchez quien se disculpara con los periodistas y guardias civiles de la UCO, a los que señaló como difamadores y propagadores de bulos e infamias contra el fiscal general cuando salió, una de tantas veces, en su defensa, pero no lo hará porque le pierden su arrogancia y soberbia. Y tampoco exigirá a los suyos y aliados parlamentarios y mediáticos que cesen en sus ataques contra el Supremo, empeñados en presentar la sentencia como un acto de insurgencia judicial o de conjura togada contra la voluntad popular que sólo ellos dicen representar.
Esa grave imputación al Poder Judicial al que acusan de perpetrar un golpe revestido con el manido lawfare no es un exceso verbal o un calentamiento, sino un patrón discursivo calculado para sembrar la sospecha de que los jueces actúan con finalidad partidista contra un gobierno legítimo. El salto retórico es muy peligroso porque se eleva sobre la suposición demagógica y jurídicamente insostenible de que la legalidad democrática pertenece solo a quien gobierna con mayoría en el Congreso, aunque Sánchez ya no la tiene, ignorando los contrapesos como el judicial que la Constitución establece para evitar que presidentes como Pedro Sánchez puedan ejercer ese poder de forma despótica y sin frenos.
García Ortiz ha sido condenado por actuar de peón de brega del sanchismo olvidando que su función es la de combatir el crimen y no la de delinquir revelando en una nota de prensa datos reservados de un contribuyente con problemas con Hacienda a quien vulneró su derecho de defensa y presunción de inocencia.
Nada de esto evitará, sin embargo, que el ‘comando Intxaurrondo’, (qué desvergüenza y falta de ética y honestidad periodísticas la de Silvia justificando las comisiones cobradas por el golfo nacido en Milagro), se dedique a blanquear al fiscal condenado y poner en duda la independencia y profesionalidad de los jueces del Supremo con un relato similar al de la izquierda Frankenstein para justificar las apelaciones a defender la democracia de quienes, como dice Sánchez, quieren tutelarla, obviando que la única amenaza está en su corrupción y abusos de poder.
El inagotable relato victimista de Sánchez y sus socios políticos y mediáticos, respondiendo a cada diligencia y resolución judicial desfavorables, como la consecuencia de una conspiración de jueces politizados y alineados con la derecha para sacarle de la Moncloa, erosiona el Estado de derecho mientras le ayuda a seguir en el poder, cuya salida, si pierde las elecciones y no conforma otra mayoría Frankenstein, será convulsa y alejada de lo que entendemos como un traspaso de carteras versallesco en un clima de normalidad democrática. La reacción desabrida contra el Supremo de algunos socialistas y dirigentes de Sumar, Podemos, ERC y Compromís, tras la sentencia, llamando a una respuesta antifascista contra lo que han definido como un golpe judicial, sugiere que están preparando el terreno ante futuras decisiones judiciales, también desfavorables a sus intereses políticos, para justificar acciones incompatibles con la convivencia pacífica y el respeto a las normas democráticas si las urnas les desalojan del Gobierno. Sánchez está dispuesto, políticamente, a morir matando. No hay dudas al respecto.